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Alfonso Carlos Ontiveros Salas.
Los señores del Congreso no vieron posibilidades para reformar la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa de manera directa y pretenden abrir caminos a través de la próxima Ley de Educación Superior para Sinaloa.
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La estrategia será fallida. Los universitarios defenderán toda intromisión de las autoridades que quieren arrebatar lo que por muchos años se ha luchado. La autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Luchas han sido muchas. En todas han salido victoriosos los que quieren y defienden la Universidad que ha sido construida con el esfuerzo, entrega y pasión de muchos sinaloenses.
La Universidad de Buelna corre peligro ante la soberbia política de aquellos que en un tiempo la utilizaron en provecho propio y que fue el refugio de ideologías extrafronterizas y que por poco destruyen la fuente del conocimiento para los sinaloenses y mexicanos.
Nadie se opone a los cambios porque todos ellos son necesarios y saludables, siempre y cuando se lleven a cabo en respeto cabal a las disposiciones que rigen para las instituciones de educación superior autónomas por ley.
La Constitución Federal es muy clara. Es la norma fundamental que establece el régimen bajo el que desarrollarán sus funciones este tipo de instituciones a las que la ley les concede autonomía.
El Estado podrá expedir las leyes que considere necesarias para el bienestar social y político de los gobernados, pero conduciéndose siempre en respeto cabal a la legalidad, porque de lo contrario estará creando normas jurídicas arbitrarias que lejos de promover la armonía social y política pone en riesgo la estabilidad política del Estado que se gobierna.
La urgencia era bastante. Así lo reflejaron los señores Diputados. En menos de cuarenta y ocho horas se expidió el dictamen que aprobaba la iniciativa de Ley de Educación Superior para Sinaloa, fue turnada al Pleno del Congreso y fue aprobado el mismo, pero también en la propia asamblea se dispenso la segunda lectura y se aprobó por mayoría de los partidos de Morena y un aliado incondicional morenista, el PRI.
A la sociedad de Sinaloa se le informa que en el contenido de la Ley aprobada, se adicionó un párrafo en el que se otorgaba facultades plenas al Congreso del Estado para convocar, organizar y llevar a cabo la consulta previa de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con fines de reformar la Ley Orgánica de la misma.
Un procedimiento a todas luces inconstitucional e ilegal, ya que una invasión grave e inadmisible a la autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los fines de apoderarse de la Institución Rosalina, ha sido puesta en la bandeja política de Morena.
Feliciano Castro, dirigente de la mayoría política de Morena en el Congreso y quien arrea además al grupo político del PRI, ha dicho que lo aprobado en el Congreso es y ha sido del conocimiento directo del Gobernador Rocha Moya y que ningún acuerdo se obtiene si no es con su aprobación. El Gobernador dice que desconoce esa afirmación y que no se haga caso a rumores. Los hechos dicen otra cosa.
El cielo se oscurece. Soplan vientos que mueven voluntades ¿Cuál será la respuesta? Las luchas no siempre son legales, también pueden ser políticas y seguro que en este campo hay mucho que organizar todavía.
La ansiada consulta puede traer recuerdos amargos de los muchos acontecimientos que hacen eco todavía en los muros del edificio Rosalino.