Álvaro Aragón Ayala.
El sistema de pago de la jubilación dinámica implementado y heredado a la Universidad Autónoma de Sinaloa por los universitarios izquierdistas que gobernaron la Casa Rosalina en la década de los años ‘70s genera un grave déficit financiero a la institución, pues las antiguas autoridades universitarias tomaron la decisión, sin pedir autorización a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de aplicar recursos del presupuesto uaseño en un modelo de “doble jubilación” en beneficio de los trabajadores en retiro, pero sin contar con un soporte financiero.
La “doble jubilación” o “jubilación dinámica” es un método que beneficia a 5 mil 575 jubilados universitarios de la UAS y a otros miles más de otras 7 universidades públicas del país, el cual consiste en pagar con recursos federales y federalizados el salario completo, como si estuvieran en activo, a los empleados en retiro que gozan también de la jubilación o pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, como es el caso de la Casa Rosalina. Se trata de un problema estructural que requiere soluciones de fondo.
La “jubilación dinámica”, que funciona en más de siete universidades públicas estatales, comenzó a “agarrar fuerza” y alcanzó carta de naturalización en algunas universidades del país durante el régimen del presidente Luis Echeverría Alvarez –1970 y 1976-, quien, para no incomodar a las universidades públicas controladas por los grupos de izquierda sensibles por la represión estudiantil de 1968, las dejó sin ningún control fiscal, sin auditorías, y les permitió la toma y el uso a discreción de los presupuestos universitarios.
El pago de la “doble jubilación” a sus 5 mil 575 trabajadores en retiro le cuesta a la Casa Rosalina 2 mil 300 millones de pesos anuales provocándole a la institución un grave déficit financiero dado que ni la federación ni el gobierno estatal aportan recursos para la operación y sostenimiento de la prestación. En el presupuesto anual universitario de 7 mil millones de pesos no se incluye ninguna partida económica para cubrir esa jubilación, sin embargo el Contrato Colectivo de Trabajo SUNTUAS-UAS obliga a pagar esta obligación extra laboral.
nexplicablemente, para recibir el beneficio de la “jubilación dinámica” los trabajadores en retiro no cotizan ni entregan ninguna aportación a la Universidad; en cambio la UAS está obligada a cotizar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que cuando un trabajador termine su relación laboral con la Casa Rosalina se vaya pensionada. Es aquí en la que se consolida lo que se llama la “doble jubilación”.
Luciano Concheiro Bojórquez, subsecretario de Educación Superior, planteó tres salidas para solucionar el problema que anualmente genera el pago de las jubilaciones a las universidades públicas estatales: la creación de fondos o fideicomisos pro-jubilación, la elaboración y aprobación de una Ley General de Jubilaciones para las Universidades Públicas o el regreso del Programa U081 de Apoyos para el Saneamiento de los Problemas Estructurales de las Universidades Públicas, el cual fue desaparecido por el gobierno de Morena, y que poseía recursos a los que accedían las universidades con los problemas de la jubilación dinámica.
La Universidad Autónoma de Sinaloa ya contaba con el Fideicomiso Pro-Jubilación que garantizaba el pago de la prestación laboral jubilatoria por los próximos 30 años sin dañar las finanzas de la Universidad, pero fue “reventado” por María Teresa Guerra Ochoa, Manuel Luque, Marco Antonio Medrado, Feliciano Castro Meléndrez y Sergio Mario Arredondo Salas, entre otros más, que agitaron al interior de la UAS y recurrieron a los tribunales para impedir que los universitarios en activo y jubilados aportaran un porcentaje de su ingresos universitarios para sostener económicamente el fondo.
Paradójicamente, en la UAS, son los herederos de la “ideología de izquierda” de los creadores de la “jubilación dinámica” quienes se oponen a la exigencia del gobierno federal a que se constituya el Fideicomiso Pro-Jubilación. Año tras años, sobre todo, en diciembre, al cierre del ejercicio anual, las jubilaciones ocasionan problemas para el pago de los salarios y de los aguinaldos. Los agitadores exigen que la UAS siga aportando todos los recursos para el pago de la prestación, provocándole un déficit de 2 mil 300 millones de pesos anuales.
