Jaziel Trasviña Osorio
Según la real academia de la lengua española el término estrategia se refiere a una serie de acciones muy meditadas, encaminadas hacia un fin determinado. La definición es concreta y simple, pero en el ámbito político, la palabra esconde un misterio: es un adjetivo laxo utilizado cuando no se quiere explicar realmente qué se está haciendo, y, por el contrario, se traslada toda la responsabilidad de los resultados a la “estrategia”.
Así es fácil argumentar que la estrategia no ha funcionado, que se está implementando otra estrategia, que deben de tener paciencia a que la estrategia funcione etc. Como si las estrategias nacieran de la nada y no fueran las personas las que las pusieran en marcha, quienes por ende son directamente responsables de sus resultados.
Desde el arribo de este gobierno federal se implementó la controversial “estrategia” de frente al crimen organizado de “abrazos no balazos”; la controversial “acción” no es otra cosa que un pacto de impunidad y complicidad entre el estado y los grupos criminales, quienes, a cambio de operar políticamente a favor del partido en el poder, han actuado con total impunidad y libertad.
Miles de asesinados en todo el país, desparecidos, violencia, inseguridad, son minimizados desde el púlpito presidencial y son achacados a los gobiernos anteriores, sin embargo, en días recientes se suscitó un incidente que prendió los focos de alarma en Palacio Nacional y que ocasionó que personajes de primer nivel en la 4T solicitaran la revaloración y el cambio de “estrategia”.
Se trata de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, “El Gallo”, y Joaquín César Mora Salazar, “El Morita”, en la comunidad de Cerocahui, en la sierra tarahumara de Chihuahua. Dos crímenes que conmocionaron al mundo entero y que demostraron que la estrategia de “abrazos y no balazos” solo ha servido para que los grupos delictivos maten más gente y expandan su dominio territorial en el país.
SINALOA Y SU ESTRATEGIA
En la semanera del pasado lunes, el gobernador Rubén Rocha presentó, sin que nadie se lo solicitara, una actualización de las cifras de homicidios dolosos y desapariciones en el estado. Seguramente el reporte fue para adelantarse a los cuestionamientos de los periodistas sobre la ola de asesinatos que se vive en la entidad.
El caso del feminicidio de la maestra de Ahome, Fabiola Vianey, estaba muy reciente y la conferencia podría tomar el rumbo de los cuestionamientos. El mandatario estatal jugó con las cifras y presumió que existe una baja en la incidencia de estos delitos, y llamó al secretario general de gobierno, Enrique Inzunza para que dictara cátedra de derecho.
Al final se plasmó la intención: Sinaloa es uno de los estados más seguros de la República, el cual, a diferencia de gobiernos anteriores que gastaban miles de millones y que no daban resultados, la “estrategia” actual si funciona.
El meollo del asunto, nadie, ni el ilustre Enrique Inzunza, ni la Fiscal Sara Bruna, ni el secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, han podido explicar en qué consiste la famosa estrategia de seguridad de Sinaloa, mientras tanto la lista de asesinatos sigue creciendo.
