Alvaro Aragón Ayala
Ernesto Hernández Norzagaray escribió un artículo que tituló “Bandido”, publicado por el semanario Ríos Doce, en el que precisa que el alcalde de Mazatlán, Guillermo –El Químico- Benítez, ha estado permanentemente en el pandero del escándalo público por sus desplantes de potentado que lo merece todo (https://riodoce.mx/2022/08/bandido/).
El destino del alcalde, Guillermo -El Químico- Benítez Torres, pende del entramado de complicidades que tejió para permanecer en cargo y echar por la borda los postulados de la Cuarta Transformación con el propósito de usar el poder y el presupuesto municipal para privilegiar a una poderosa élite económica del puerto de Mazatlán.
Pese a las denuncias de las corruptelas en su contra, durante el trienio 2019-2021 Benítez Torres se sostuvo en la presidencia porque pactó su permanencia en el ayuntamiento con el entonces gobernador y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, a cambio de canalizar la mayor parte del presupuesto municipal de obras y servicios públicos en beneficio de unos cuantos magnates hoteleros y restauranteros.
Simultáneamente, armó acuerdos con el grupo de la diputada federal Merary Villegas y la Senadora Imelda Castro, con el ex alcalde Alejandro -El Diablo- Higuera y con los hermanos Juan José y Erick Arellano, del Grupo Arhe, filtrados en la cena de los tamales ofrecida en Palacio Nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pacto con el ex gobernador Quirino Ordaz, el cual se fortaleció con la emisión de los permisos de construcción del estadio de futbol Kraken, todavía permanece: El Químico Benítez designó a Osvaldo López Angulo, secretario de Obras Públicas del gabinete estatal quirinista, como gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado y responsable de operar el hurto de los terrenos de “El Crestón”.
En la Secretaría de Economía, Turismo y Pesca, acomodó a Ricardo Velarde Cárdenas, hijo de una hermana del notario público José Joel Bouciéguez Lizárraga, quien fue alcalde “interno” de Mazatlán y subsecretario de Gobierno de Quirino Ordaz. Velarde, empresario restaurantero, y Osvaldo López poseen la “carta poder” del alcalde para orientar el desarrollo “económico” del puerto.
En esa dirección se mueve la regidora priista María Esther Juárez Nelson, esposa de Fernando Letamadi, quien maneja el Patronato del Faro, a cuyos integrantes se les instruyó para convocar a participar en los futuros negocios que se instalarán en los terrenos de “El Crestón”, ahí donde funcionaba la vieja planta de tratamiento de aguas residuales.
El alcalde se apareó con los millonarios del puerto de Mazatlán. La mafia, integrada por unas cuentas familias, se siguen beneficiado del presupuesto del ayuntamiento, canalizado a discreción para “embellecer” la zona dorada y privilegiando a los potentados con los servicios públicos, marginando a las clases medias y de escasos recursos.
El futuro de “El Químico” Benítez no depende tanto de la ASE o de la acción de la Fiscalía General de Justicia, que podrían incurrir en actos de proteccionismo, sino de la intensidad de las denuncias políticas, las demandas penales, las exigencias de juicios políticos y de la movilidad de los líderes sociales, regidores y líderes de partidos políticos y las ONG –como Observatorio Ciudadano-, que reclaman la destitución del presidente municipal.
Hasta ahora las denuncias han topado con el entramando de complicidades de “El Químico” Benítez, engranaje que se pudiera romper una vez que los involucrados en actos de protección política consideren que sus imágenes privadas y públicas son inmiscuidas en actos de deshonestidad y de rapiñaje del presupuesto público.
En los acuerdos políticos tejidos por el alcalde mazatleco para conservarse en el poder municipal no figura el gobernador Rubén Rocha, pero si alcanza, por la vía del pacto con Quirino Ordaz a la titular de la Auditoría Superior del Estado, Emma Guadalupe Félix Rivera, encargada de proteger al presidente municipal.
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