Alvaro Aragón Ayala
La siembra de la sospecha sobre el presunto financiamiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa al Partido Sinaloense genera agitación y desestabilización en la máxima casa de estudios. El sonsonete, con el agregado de la violación a la autonomía universitaria, fue inventado por el “cártel de los jubilados”, algunos de los cuales abrevan en calidad grillos geriátricos improductivos en el gobierno estatal.
El estribillo del financiamiento, con amplio respaldo mediático, no logra ocultar la mutación de las Universidades y escuelas del PRI en Universidades y planteles de Morena, en las cuales priva la imposición de rectores y directores y sus estructuras de primer nivel. Quienes alimentan mediáticamente el cultivo de las sospechas y la presunta violación a la autonomía universitaria en la UAS, no toman en cuenta dos elementos necesarios para elaborar un diagnóstico creíble:
1.- Quien califica el uso de los recursos del presupuesto asignado a la máxima casa de estudios no es el “cártel de los jubilados” porque no tienen autoridad ni capacidad jurídica ni administrativa para el desarrollo de esta función. Son las Auditorías, la Superior de la Federación y Superior del Estado, las responsables de investigan y tasar el uso de los dineros de la UAS y otras universidades.
Los resultados de las auditorías practicadas por la ASF y la ASE a la casa rosalina por estos dos entes gubernamentales, del 2005 a la fecha, no arrojan resultados negativos. La conclusión de las investigaciones contables es contundente: ni se han desviado recursos de la UAS no se le ha causado ningún daño patrimonial. Es sospechoso y de mala fe sembrar la sospecha de la financiación de la UAS al PAS.
2.- No es el “cartel de jubilados” ni la autoridad gubernamental la facultada para sembrar la sospecha, precisar o acusar que tal o cual personaje o partido político viola la autonomía de la UAS. De hacerlo incurren en una agresión a la autonomía y plantan la simiente para alentar la desestabilización. Es el rector, el consejo universitario y los órganos colegiados de la institución los vigilantes de la autonomía universitaria, no el Poder Ejecutivo mucho menos grupos de jubilados. El principio de autonomía universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y auto-gobernada, y que debe elegir sus propias autoridades sin injerencia de la autoridad federal, estatal y municipal, decidiendo sus propios estatutos y programas de estudio.
Paradójicamente, el ruido mediático desatado contra la UAS destapa la violación a la autonomía en la Universidad Autónoma de Occidente y en otras universidades estatales en las que pese a la “transición” del poder gubernamental del PRI a Morena, prevalece la imposición de rectores y directores. La UAO sigue siendo controlada por Quirino Ordaz Coppel y Jesús Aguilar Padilla, uno ya montado en el gobierno de la Cuarta Transformación y el otro que juega en “dos aguas partidistas”: el PRI y Morena.
VER: RESURGE EL RIESGO DE LA DESESTABILIZACION DE LA UAS
En la Universidad Autónoma de Occidente un grupo de universitarios sindicalizados, de filiación morenista, ha exigido que se respete la autonomía universitaria y que sea cesada de su cargo Sylvia Paz Díaz Camacho impuesta en dos ocasiones como rectora por el otrora gobernador Quirino Ordaz Coppel. Académicos y administrativos de la “universidad lince” acusan a la rectora de tráfico de influencias, nepotismo y corrupción.
La planta de académicos ha acusado a la Rectora de copiar los programas de enseñanza-aprendizaje de la UAS. El modelo uaseño de educación superior lo aplican jubilados o maestros en activo de la casa rosalina que trabajan en la UAO. Sylvia Paz Díaz Camacho, filial al gobierno del PRI de Quirino Ordaz Coppel, a quien aplaudía, mutó ahora en morenista “pura” y cierra la puerta a la democratización y a la autonomía. Por su definición política aprontada conserva el cargo de Rectora.
En la Universidad Autónoma Indígena de México prevalece una “autonomía a medias” por la injerencia del alcalde Gildardo Leyva en la vida interna de la máxima y porque su rector Ignacio Flores Ruiz sucumbe a las presiones del “condicionamiento” del presupuesto universitario y a la injerencia de autoridades estatales externas que mantiene un “control cruzado” de esa casa de estudios. Flores Ruiz, de origen priista, mutó en militante de Morena.
En la Universidad del Policía, la Universidad Pedagógica, la Universidad Politécnica de Sinaloa, la Universidad Politécnica del Valle del Évora, la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra, la Escuela Normal del Valle de El Fuerte y otras escuelas como el Conalep, Cobaes e Ictasin, no existe la autonomía. Los rectores y directores son impuestos. Los trabajadores académicos y administrativos no participan en la elección de sus autoridades.
Las universidades bajo la férula de Morena no tienen autonomía; en esas instituciones la creación del conocimiento se ve amenazada y no tienen las condiciones de pluralidad que permitan analizar, desde una perspectiva amplia, los problemas que enfrenta la humanidad en su conjunto, ni plantear soluciones. La autonomía es una condición necesaria para la vida de las universidades y para el avance de la civilización.
