Alvaro Aragón Ayala
El asesinato del periodista de El Debate, Luis Enrique Ramírez Ramos, adquirió matices de una relatoría novelesca en torno al dominio urbano-territorial del narco en Culiacán. La Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñónez, quedó atrapada en la porosidad de la investigación plagada de miedos, filtraciones y traiciones.
A los 15 días del asesinato la Fiscalía identificó a los presuntos homicidas. Se determinó que no fue ordenado por ningún cártel, que fue “circunstancial”, pero Sara Bruna quedó “paralizada” al descubrir que cuando menos uno de involucrados podría tener nexos con el narco. La investigación derivó en busca de un “chivo expiatorio”: Brisya Carolina “N”.
De no ser Luis Enrique Ramírez el asesinado; de haber sido otra persona “común”, el caso se hubiera archivado, porque la Fiscalía General de Justicia no investiga los homicidios, ni la desaparición de cientos de personas ni sobre los cadáveres tirados o hallados en fosas ocultas, bajo el pretexto de que son muertos derivados de ajustes de cuentas con el narco.
Pero resultó que el muerto es el periodista Luis Enrique Ramírez, muy conocido en el gremio político estatal y nacional. Así que la investigación caminó a marchas forzadas y alteraría a quienes ayudan a mantener la “pax narca” en Culiacán. El asesinato se convirtió en una “papa caliente”. Nadie quiere detener a los acusados de homicidio para no agarrar broncas ajenas.
La Fiscal lamentó que “haya gente interesada en interferir en las investigaciones y ventile material fotográfico o nombres de personas que supuestamente forman parte de la carpeta de investigación”. La verdad es que Sara Bruna Quiñónez tiene miedo a las represalias. Le apuesta a un “arregló”, a que se conduelen de ella y les entreguen a los supuestos asesinos.
Para colmo de males, la Fiscal opera con el cuerpo de investigadores del ex Fiscal Juan José Ríos Estavillo, agentes que recibían instrucciones “externas” sobre qué crímenes deberían de investigar y cuáles no. La jugada de Sara Bruna es “lavarse las manos” en el caso de Luis Enrique, por eso tortura psicológicamente a Brisya Carolina “N”, para que sea ella quien acuse directamente a los presuntos criminales.
El asesinato del periodista no lo ordenó el narco. De acuerdo a la “investigación” de la Fiscalía General de Justicia, el periodista Luis Enrique Ramírez intentó allanar el domicilio de Brisya Carolina a eso de las 2 de la mañana. La joven pidió el auxilio de la policía y a su novio JEGG, vecino del poblado Pueblos Unidos.
La policía nunca llegó. Al lugar arribó JEGG acompañado de SRVV, quienes balearon y “encajuelaron” y se llevaron al comunicador. Se comprobó que Brisya denunció a la operadora del 911, a las 02:05 horas, que “un sujeto trataba de entrar a su casa”, que el sujeto “está drogado y me quiere tumbar el barandal… como que se quiere meter o no sé qué quiera”.
La Fiscal no ha revelado que hacía ahí, en las afueras de la casa de Brisya Carolina el periodista Luis Enrique Ramírez, no ha dado a conocer los detalles de la conversación que el periodista sostuvo con su madre antes de salir de su casa casi a las 02:00 de la mañana y quien es el “amigo” y la “señora” a la que el comunicador buscaba a esa hora en los alrededores de su domicilio.
El periodista Alejandro Sicairos analizó la disfuncionalidad del 911 y reveló que no aparece en la carpeta de investigación del “caso Luis Enrique Ramírez” “¿Este aparato de vigilancia, estrategia y auxilio en materia de seguridad pública realmente actúa en beneficio de la sociedad o es otro elefante en la sala al que además se le percibe sordo, ciego y mudo?, preguntó.
Indicó: “Esa línea de investigación hasta hoy descartada permitiría conocer las entrañas imperfectas del sistema que, se supone, está atento a la población en situación de inseguridad y (que) debe brindarle la asistencia expedita y eficiente”.
“La clave está en la posibilidad de que Luis Enrique Ramírez estuviera con vida si el 911 funcionara como debe hacerlo. Cómo hubiera cambiado el desenlace de esta historia trágica con el arribo oportuno de los policías, antes que los asesinos”, expresó.
Y precisó: “Llama la atención que en el expediente LER falte esa parte que involucra al 911 (…). En la narrativa cotidiana abundan las peripecias en las que personas y familias acuden al socorro que les pudiera brindar el 911 y por no llegar la Policía se dan a la tarea de corretear ellos mismos a los delincuentes…”.
“Este modo de seguridad vecinal, más reactivo que táctico, ha dejado desgracias donde la impunidad es la constante para corporaciones policiacas que, o les tienen miedo a los malandrines, o están confabulados con éstos”, finalizó.
