Alvaro Aragón Ayala
El “retraso” en la designación del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán sumió a los agentes de la corporación en un estado de “estrés colectivo” porque nadie les informa si el futuro jefe de la policía municipal vendrá a simular o desarrollar labores de prevención del delito que alteren el estatus quo o la “pax narca” de la capital del estado.
En las filas de la corporación y sus mandos intermedios es un secreto a voces que quien sea nombrado secretario de Seguridad Pública debe contar con el visto bueno de los “poderes fácticos” que dominan la plaza y que, salvo prueba en contrario, mantienen relación o controlan parte de la estructura policial en Culiacán.
Aunque Juan de Dios Gámez Mendívil ostenta la Presidencia Municipal por la fuerza de los hechos -no por la vía de los votos, sino por un “mandamiento” del Congreso- Estatal, no será él, ni los legisladores, los que decidan quién será el titular de la SSPM. Se busca -dijo el gobernador Rubén Rocha Moya- un perfil militar para ese cargo.
Así, el jefe de la corporación policial que sustituirá a Mauricio García Ramírez pasará por el cedazo del Tercer Piso y deberá contar con el visto bueno del gobernador Rubén Rocha y de la “valoración” del secretario Estatal de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, quien está empapado del tejemaneje policiaco de Culiacán.
Es una realidad insoslayable que, en Culiacán, la estructura y el poder de fuego y del dinero para cooptar acciones policiales de quienes mantienen el dominio de la plaza, supera al andamiaje y el armamento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Tradicionalmente, para llevar la fiesta en paz, para no alterar la “pax narca”, la policía municipal no se entromete en acciones delictivas del orden federal.
En materia de prevención de delitos, la constante es la falla de la policía local. El surgimiento del Estado en buena parte se explica como la creación de un ente/corporación capaz de proteger el patrimonio de las personas y su integridad individual. Una de sus funciones primarias es brindar seguridad.
Sin embargo, los grupos delictivos de la capital rebasan a la Policía Municipal o acuerdan o dictan, a base de presiones o asesinatos, las reglas del juego de la seguridad pública territorial. La policía no cumple con sus funciones elementales que es la salvaguarda de la vida y los bienes de la población.
La policía preventiva de Culiacán no controla al cien por ciento el crimen ni contribuye a normar el orden público. La estructura y la organización y funciones de la corporación están indisolublemente vinculadas a las características criminales/delictivas y al orden sociopolítico, económico (narcoeconomía) y culturales de la capital del estado.
En este escenario, difícil y peligroso, el futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública, sea quien sea, deberá contar con consiglieres de primer nivel para establecer “relaciones cordiales” con el crimen que permitan evitar un choque frontal policías-grupos delictivos que provoque más muertes y el trastocamiento de la tranquilidad social.
Además, la Secretaría de Seguridad Pública con un militar a la cabeza, podría convertirse en una “olla exprés”. La organización policial estilo militar no ha dado resultados para pacificar a Culiacán. El “control” de los agentes mediante un sistema central y jerarquizado, inspirados la obediencia ciega, no pocas veces viola de los derechos humanos y constitucionales de la policía.
