Alvaro Aragón Ayala
El asesinato del subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, Miguel Ángel Silva Alvarado, alias “El Boxer”, demuestra el estado de indefensión de los agentes y directivos de la corporación policial ante la fuerza y los ataques del narco y ante el posicionamiento de los grupos delictivos de alto calibre en la capital del estado, la cual dominan por encima de cualquier autoridad.
Quienes operaron y dictaron el nombramiento policial de “El Boxer” sin consultar a los dueños de la plaza Culiacán en un acto de soberbia y de abierto reto al crimen organizado son los directos responsables del homicidio. Silva Alvarado no calibró ni comprendió que el aceptar el cargo de subdirector constituía su suicidio. Prácticamente se le mandó al matadero.
Las políticas en materia de seguridad recaen en el secretario general de Gobierno que es el responsable de mantener el control operativo de las acciones inherentes al gabinete intersecretarial en materia de seguridad y de establecer la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia para la evaluación y debido seguimiento del avance de los programas estatales de seguridad.
Enrique Inzunza es quien está facultado por la ley para coordinarse con la delegación de la Fiscalía General de la República, los mandos locales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y con todas aquellas dependencias federales que sea necesario para atender de manera armoniosa la seguridad estatal.
Es el secretario general de Gobierno el responsable de promover la celebración de convenios de coordinación con los gobiernos federal, municipales y de otras entidades de la República, en materia de seguridad pública estatal. El despacho de Enrique Inzunza libera las órdenes para implementar los dispositivos de coordinación con los Ayuntamientos de la Entidad para el desarrollo de programas conjuntos en materia de seguridad.
Quien extendió el nombramiento del comandante Miguel Ángel Silva Alvarado cometió un alevoso asesinato: no valoró el “perfil no aceptado” del policía por los dueños de la plaza que mantienen un pacto no escrito en Culiacán para mantener la “Pax Narca”. El alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil es corresponsable del asesinato por su falta de conocimiento en materia policial y de seguridad pública.
El acuerdo narco-autoridades se rompió por el cese sorpresivo de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal registrados a raíz de la “destitución legislativa” del alcalde Jesús Estrada Ferreiro. Los despidos y los enroques, los movimientos promovidos por el presidente municipal sacudieron los intereses internos de la corporación policial y lastimaron a los jefes de plaza.
En un artículo publicado en Proyecto 3 y Voces Nacionales el 25 de julio, titulado “Juan de Dios Gámez y su policía municipal”, se alertó sobre el estado de “estrés colectivo” que prevalecía en la corporación por el “retraso” en la designación del nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública y porque nadie les informaba a los agentes si el futuro jefe de la policía municipal vendría a simular o desarrollar labores o acciones de prevención del delito.
El nombramiento recayó en Mayor Pedro Rojas Ibarra desconcertando a agentes policiacos y mandos menores. En la dirección de la Policía se sostuvo a Jaime Othoniel Barrón Valdez, quien no tiene experiencia en materia operativa. Para cubrir ese vacío y la vigilancia en tierra se designó Miguel Ángel Silva Alvarado como subdirector de la corporación.
Es pues una realidad insoslayable que, en Culiacán, la estructura y el poder de fuego y del dinero de quienes mantienen el dominio de la plaza, supera al andamiaje y el armamento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Para llevar la fiesta en paz, para no alterar la “Pax Narca”, la policía municipal no se entromete en acciones del grupo que controla el municipio.
Los grupos delictivos de la capital rebasan a la Policía Municipal o acuerdan o dictan, a base de presiones o asesinatos, las reglas del juego de la seguridad pública territorial. La policía no cumple con sus funciones elementales que es la salvaguarda de la vida y los bienes de la población. Miente quien diga todo lo contrario.
La policía preventiva de Culiacán no combate ni controla al cien por ciento el crimen ni contribuye a normar el orden público. La estructura y la organización y funciones de la corporación están indisolublemente vinculadas a las características criminales/delictivas y al orden sociopolítico, económico (narcoeconomía) y culturales de la capital del estado.
Si el régimen de prevención de delitos se ajusta a la máxima de la Cuarta Transformación-Morena-Andrés Manuel López Obrador de “abrazos no balazos” y a la definición de que en Sinaloa hay más tranquilidad porque opera un solo cártel delictivo, resulta ocioso entonces reducir el asesinato a la no activación del botón de pánico.
Es también insustancial y frívolo acusar a los escoltas del crimen porque si se hubieran enfrentado al grupo delictivo que mató al comandante Miguel Ángel Silva se habría registrado una matanza, quizá por los dos lados. El resultado habría sido peor: el cártel sentencia a muerte a quien lo desafía o mate a uno de los suyos. Hay decenas de agentes y jefes policíacos masacrados al romperse los acuerdos no escritos.
