Jaziel Trasviña Osorio
Los recientes ataques en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el intento de asociar el funcionamiento y financiamiento del Partido Sinaloense a través de la casa rosalina, obedece a una clara estrategia de conspiración implementada desde del Tercer Piso estatal y el ala morenista del Congreso del Estado: golpear ambas instituciones, una educativa y otra política, para que al momento de que estos entes se defiendan etiquetarlos en la ciudad de México como agitadores y problemáticos.
La Universidad Autónoma de Sinaloa desde el inicio de su reestructuración integral en 2005 ha caminado dentro de los canales de la institucionalidad y colaborado con los gobiernos tanto estatales como federales en acciones palpables para el beneficio de la sociedad. No es ya la vieja UAS del desmadre, pero hay quienes se empecinan en regresar a esa época de anarquía. Atrás quedaron los tiempos del radicalismo universitario y de la falta de rendición de cuentas por sus directivos.
En todos las épocas la comunidad universitaria se ha volcado en la defensa de su autonomía cuando esta se ha visto en peligro; los universitarios no han permitido que sean factores externos los que intenten decidir en su autogobierno y toma de decisiones.
La estrategia contra la UAS busca que ese sentimiento de defensa de la universidad y autonomía resurja y que sea la comunidad universitaria la que en respuesta a esta campaña de desprestigio responda con la misma vehemencia para poder así entonces estigmatizar y señalar al alma mater como una institución intolerable y radical. Eso está muy claro.
Con el partido Sinaloense y su fundador Héctor Melesio Cuén Ojeda sucede exactamente lo mismo, uno de los principales aciertos o virtudes del ex secretario de salud han sido sin duda alguna la mesura y el respeto institucional.
Parece increíble la falta de cordialidad con la que el Ejecutivo Estatal desdeña a sus aliados y por otro lado mima a los que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, llama miembros de la mafia del poder. Panistas y priistas de cepa son ahora miembros de su gabinete y morenistas pago por evento.
¿Y LOS SERVIDORES DE LA NACIÓN?
Recientemente desde las entrañas de MORENA en Sinaloa se filtró a los medios los listados de militantes al Partido Sinaloense en un intento de asociarlo con la universidad. Deberían de recordar y entender esos que se dicen “defensores” de la democracia que militar en cualquier partido politico y laborar en una institución educativa no es un delito, es más, es un acto de congruencia democrática.
Decenas de pasistas, morenistas y de todos los partidos políticos convergen en la Universidad Autónoma de Sinaloa; no podría ser de otra manera ya que al ser la UAS una institución de preparación académica es lógico que los que aspiran a participar en política emanen de la máxima casa de estudios.
Lo que sí representa un delito electoral o cuando menos un acto de contradicción democrática son los llamados “servidores de la nación”, con casi 20 mil funcionarios públicos que pertenecen a la nómina de la Secretaría del Bienestar, el gobierno federal tiene una estructura electoral pagada con recursos públicos, volcada a la promoción del voto a favor de Morena.
Este ejército electoral opera bajo el mando de coordinadores regionales y delegados estatales en todas las entidades del país con el objetivo de incidir en los resultados electorales. Son la burocracia dorada del gobierno federal.
De acuerdo con estimaciones, los servidores de la nación le cuestan al país 4 mil 752 millones de pesos, presupuesto muy superior al destinado a instituciones de salud, adicionalmente la SHCP recién les autorizó “viáticos diarios” sin comprobación.
Absolutamente todos los servidores de la nación pertenecen activamente a MORENA o en su ramificación familiar son familiares o cercanos a militantes del partido. Este modelo sin duda implica un claro desvío de recursos gubernamentales y una operación electoral ilícita; pero los que hoy critican a la UAS y al PAS parece que desconocen esta evidente realidad.
