Jaziel Trasviña Osorio
Saque usted cuentas. Los dueños de El Debate son los propietarios de la universidad particular San Sebastián, una de las más caras y pirruris de Culiacán. La casa editora que le hizo en el 2010 la “guerra sucia” a Jesús Vizcarra Calderón -hasta lo acusó de narcopolítico-, trae una campaña por encargo contra el rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y adultera y tergiversa la información en torno a la máxima casa de estudios.
Aquella “guerra sucia” marcó el triunfo de Mario López Valdez que cogobernó Sinaloa con la familia Salido a la que retacó de dinero y la “auxilió” en el saqueo de la secretaría estatal de Salud, de donde salieron chorros de lana con la que se construyó e impulso las clínicas “Mi Salud” de El Debate.
El Debate nunca ha sido amigo de la UAS. Cuando este impreso llegó a Culiacán calificaban a los universitarios como comunistas. El carácter mercantil del diario lo mueve a hacer negocios con la “noticia”. Siempre está al servicio del mejor postor a nombre de la libertad de expresión.
Saque usted las cuentas: los fondos federales presupuestados durante el sexenio de Mario López Valdez para invertir en infraestructura y servicios de salud quedaron en los bolsillos de Javier Salido Artola, dueño de El Debate, a través de competencias simuladas en las contrataciones.
Luis Javier Salido Artola, además de ser propietario de El Debate, es empresario de los ramos de la construcción y bienes raíces, salud, educación,
Malova le asignó 25 contratos de obra pública soportados en los recursos de los Servicios de Salud de Sinaloa a una red de empresas de la familia Salido Artola. Las cito: Santa Justa; Prefabricados Santa Justa; Advanti; Construcciones y Arquitectura Kasta y Constructora Mansanart, casi todas compañías “fantasma”.
Con la sospecha de malos manejos en el sistema de salud generado en la opinión pública, Alfredo Román Messina, en funciones de primer secretario de Salud de Quirino Ordaz Coppel, reveló deudas, desfalcos y abusos en el sector salud.
“Les hablo de un pasivo de más de 2 mil millones de pesos, más lo que se acumule. Esto explica en parte el por qué la operación de los servicios de salud, independientemente de una buena administración, seguirá siendo deficitaria si se toma en cuenta el lastre del adeudo que se tiene”, exhibió.
Y también abordó los negocios entre el hoy extinto Echeverría Aispuro, ex secretario de Salud y la empresa Mi Salud propiedad de El Debate.
“Una empresa Mi Salud era dueña de todos los equipos de tomografía y sigue siendo dueña de los hospitales. Las unidades que existían antes de que estaban en buen uso las arrancaron, las embodegaron y pusieron esas. Ahora me encuentro que los contratos están por vencer, pero estamos trabajando y haciendo las gestiones necesarias para ver por qué equipo, ya sea nuestro si no hay presupuesto o de otra empresa que nos dé mejor servicio y mejor cantidad nos pueda surtir ese problema”.
¿Ya sacó cuentas? Las universidades privadas esperan salir beneficiadas con la campaña de descrédito contra la UAS y sus autoridades, sin tomar en cuenta de que esta Universidad es del pueblo, y las privadas como la San Sebastián, son de los ricos. Es de El Debate. La “campaña negra” contra la UAS será gratificada por el gobierno estatal. No tarda en tronar el cuete.
LA DELINCUENCIA NO INVESTIGADA
Para nadie es un secreto que los grupos criminales gobiernan e “imparten” justicia y seguridad en Sinaloa. Diariamente se suscitan levantones, asesinatos y balaceras que nunca son investigadas y que ni siquiera llegan al nivel de una carpeta de investigación real en la fiscalía del estado.
No existe una real línea de investigación que inicie con el acto delincuencial y que conlleve una profesional pesquisa que involucre factores como la policía cibernética, la unidad de inteligencia financiera, policía investigadora, seguimiento de cámaras según los protocolos de C4, etc.
Simple y lamentablemente las dependencias de seguridad coordinadas por la secretaría general de Gobierno se han convertido en “levanta cuerpos” y su labor se remite exclusivamente a instalar el clásico listón amarillo de NO PASAR.
Casos tan públicos y sonados como el homicidio del periodista Luis Enrique Ramírez y el subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública de Culiacán, Miguel Ángel Silva Alvarado, alias “el Boxer”, han dejado en evidencia el pésimo trabajo de las corporaciones de seguridad y de impartición de justicia y han agudizado el sentimiento en la ciudadanía de la inoperancia e incluso complicidad de “los buenos y los malos”
Es evidente que el secretario general de gobierno carece de aptitudes necesarias para el cargo de gran envergadura que ostenta, la mesura, el oficio político y la institucionalidad son preponderantes para ser un operador y facilitador de la política interior de un estado.
Por el contrario, se han abierto desde esa dependencia varios frentes y pleitos innecesarios con figuras e instituciones que sopesan la estabilidad social en Sinaloa.
¿Será acaso que Enrique Inzunza Cázares equivocó la estrategia o simplemente está poniendo en marcha un proyecto personal que le está jugando las contras al gobernador Rubén Rocha al inmiscuirlo en conflictos innecesarios que le generará inestabilidad a su gobierno? Veremos…
