Alvaro Aragón Ayala
Ipso facto, cuando menos lo esperaban los comunicadores, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas exigió dinero para convertirse en un inútil aparato burocrático que paliará únicamente los apetitos económicos de su presidenta Jhenny Judith Bernal Arellano y una nueva casta de simuladores.
De origen, el Instituto carece de una estructura para proteger a las personas. Es un organismo mediático con alcances solamente para ayudar a huir o emprender la escapatoria de los defensores de derechos humanos y periodistas que consideren que su vida está en peligro.
El andamiaje del Instituto, pegado a la esfera gubernamental, no cuenta con las suficientes herramientas para proveer de seguridad a nadie, ni siguiera a los empleados del organismo. En un Sinaloa crispado por la violencia, para la salvaguarda de la vida no es suficiente un discurso o una “casa de seguridad” para esconderse.
En Sinaloa donde los poderes fácticos con un extraordinario poder de fuego, movilización y tecnología mantienen el dominio territorial en los 18 municipios, la vida o la seguridad de los periodistas depende de la autocensura y la decisión que tomen los criminales.
A la titular del Instituto para la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, Jhenny Judith Bernal Arellano, no le interesa proteger a nadie, solo asegurar sus ingresos económicos para sostener un tren de vida de lujos.
Bernal Arellano es una calca fiel, en su versión femenina, de Juan José Ríos Estavillo, quien trascendió en Sinaloa por simular defender los derechos humanos de las personas víctimas de los abusos de poder.
Bernal Arellano ayudó a José Ríos Estavillo a montar una estructura fachada en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para eludir la defensa de los derechos humanos de la sociedad. Ríos Estavillo estuvo al frente de la CEDH del 12 de marzo del 2012 a junio del 2016.
Durante su estancia en la CEDH, junto a Ríos Estavillo, su mentor, Jhenny Judith Bernal no escuchó a las víctimas de delitos que reclamaban la intervención de la CEDH por los abusos de las autoridades municipales y estatales. Víctimas de feminicidios, de asesinatos cometidos por policías, familiares de «levantados» nunca fueron atendidos.
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La presidenta del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas reveló su voracidad económica al pretender que el Congreso del Estado y el gobierno estatal le autorice un presupuesto para alimentar una estructura burocrática de 25 “defensores” actualmente en calidad de “fantasmas”.
Veinticinco plazas para operar el Instituto, que únicamente servirá para señalar la puerta de escape de Sinaloa de los defensores de los derechos humanos y periodistas. Los sueldos irían desde los 60 mil pesos hasta un mínimo 20 mil pesos, con compensaciones, viáticos, vacaciones dos veces al año y aguinaldo de 60 días.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene alrededor de 20 plazas, casi igual que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa. El trabajo que desarrollan los dos organismos es sumamente deficiente y criticable. Jhenny Judith Bernal salió de la CEDH que fácilmente se ganaría el premio nacional de la simulación.
Si en Sinaloa un defensor de los derechos humanos o periodista es sentenciado a muerte por los poderes fácticos o los grupos políticos que ejercen el control en sus municipios, en ocasiones en contubernio con gente armada fuera de la ley, la mejor medida de seguridad es salir del estado. No hay poder humano que detenga la condena si se queda en su casa.
Por las condiciones propia de Sinaloa, las “casas de seguridad” para mantener bajo resguardo a las personas que pudieran ser víctimas de una agresión física o de un atentado criminal, no son confiables dado el contubernio que existe entre los policías y los poderes fácticos o el dominio del narco sobre los cuerpos policíacos.
