ÁLVARO ARAGÓN AYALA.
El temor a investigar asesinatos cometidos por gente poderosa, la falta de personal y de instrumentos para el ejercicio de pesquisas científicas, la indolencia y la falsa creencia de que la estadística, que sólo ha servido para dar “atole con el dedo”, es la única herramienta útil para prevenir y combatir la criminalidad, incrustaron en la cadena de la impunidad y el libertinaje a la Secretaría de Seguridad Estatal de Seguridad Pública y a la Fiscalía General de Justicia.
Las dos dependencias no están a la altura de las expectativas en materia de seguridad y justicia del gobernador Rubén Rocha Moya, quien, pese a los deficientes resultados de Cristóbal Castañeda Camarillo y Sandra Bruna Quiñónez, uno en la prevención y la otra en la investigación criminal, opera para que no se desborde el pánico social ante la escalada de asesinatos, asaltos y otros delitos de alto impacto que se registran en Sinaloa.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Cristóbal Camarillo, se mantiene en la arcaica ruta de la estadística para darle “atole con el dedo” a la sociedad intentando hacerle creer que la espiral criminal va a la baja. La verdad es que la figura de Cristóbal está muy desgastada. No goza de credibilidad, aunque trate de inventarse el rango de suerpolicía o supermilitar.
En funciones de titular de la SSPE de Quirino Ordaz Coppel, Castañeda recurría al mismo sonsonete que ahora repite como funcionario de Rubén Rocha en el sentido de que la estrategia va por buen camino y de que los delitos van a la baja. Sin embargo, el estribillo ya se desgastó. La sociedad no le cree al funcionario de seguridad.
Sara Bruna Quiñónez, la Fiscal General de Justicia, no convence: por doquier aparecen cadáveres y se perpetran asesinatos a plena luz del día. Las pesquisas en torno a los homicidios topan con los poderes fácticos o con los intereses internos de la Fiscalía o son frenadas por la ausencia de investigadores y equipo.
El nuevo sistema de justicia penal-criminal fomenta la coordinación entre la policía, la fiscalía, los juzgados y el sistema penitenciario y obliga a celebrar juicios públicos, pero ambos funcionarios siguen laborando con el librito de la vieja escuela en medio del círculo vicioso de ofrecer sólo declaraciones o estadísticas. Las “salidas alternativas” para reparar el daño son delitos no incluidos en los reportes criminales.
Dada la amenaza de que el crimen adquiera carta de residencia permanente en el régimen rochista, es urgente que se trabaje en la instalación, expansión y solidez de una Unidad de Análisis Criminal, que incluya el establecimiento de objetivos claramente definidos, así como un plan de ejecución que defina el orden de las prioridades en prevención, persecución e investigación del delito.
Ante el repunte de la ola delictiva, es prioritario sofisticar el fenómeno criminal en Sinaloa, cruzando múltiples datos a fin de generar nuevas líneas de investigación en el caso de los llamados crímenes complejos, en el que se incluyen asesinatos de periodistas, mujeres, activistas sociales, etc.
Con sus funciones en la cadena de la impunidad y libertinaje, Cristóbal Castañeda pone en riesgo la seriedad y la credibilidad del gobernador Rubén Rocha al atarlo al modelo quirinista de la difusión de estadísticas prefabricadas y Sara Bruna Quiñónez exhibe su ineptitud argumentando que no hay detenciones porque personal de la Fiscalía “alerta” a los delincuentes sobre quienes pesan órdenes de aprehensión.
