ÁLVARO ARAGÓN AYALA
La aplicación oportuna de las matemáticas electorales arroja que la marcha del domingo de López Obrador-Morena ganó en acarrados y autobuseados a la celebrada por la coalición PRI-PAN-PRD-Claudio X González-INE-Woldenberg, pero no decreta redoblar esfuerzos en la lucha contra la corrupción en los estados ni mayores apoyos económicos a los gobernadores metidos en la esfera de las “obras chiquitas” mientras el Presidente de la República concentra el presupuesto federal en sus obras cumbres y en el gasto social-asistencial. Fue una marcha política no una movilizacion contra la corrupción y la transformación del país.
La marcha no cambió los escenarios en los estados, pero sí apalancó el liderazgo presidencial y ofreció la arista especializada en movilizaciones sociales del inquilino de Palacio Nacional. Si bien en términos políticos constituyó el respaldo mutuo Obrador-Gobernadores, el estatus económico y social y las tareas anticorrupción en las entidades federativas no sufrirán ninguna alteración. Los presupuestos locales no crecerán proporcionalmente al disparo de la inflación y a las crecientes demandas de la población y los gobernadores continuarán atados para no combatir los latrocinios cometidos por los ex mandatarios del PRI y del PAN.
Es verdad que la marcha-mitin de la oposición o coalición conservadora/neoliberal del 13 de noviembre no alteró el ejercicio parlamentario en la ruta de la reforma electoral planteada por el presidente dado que antes de la realización de “manifestación ciudadana” los diputados y senadores del PRI-PAN-PRD ya habían decidido que “El INE no se toca”; también es cierto que obligó a Andrés Manuel López Obrador a demostrar que es el dueño del Poder Presidencial y de las calles. Sin embargo, ese extraordinario Poder no se aplica aún a los ex gobernadores corruptos; por el contrario, fueron alquilados por la Cuarta Transformación.
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Si se analiza el potencial de la marcha del domingo y la desarticulación del PRI-PAN con la asignación de embajadas y consulados a ex gobernadores neoliberales, se concluye que López Obrador sigue teniendo el poder y el control de la sucesión presidencial, pero algunas de sus determinaciones han mermado o “congelado” la lucha contra la corrupción en los estados. El Sonora, Alfonso Durazo “paralizó” las denuncias contra la priista Claudia Pavlovich Arellano designada Cónsul en Barcelona, y en Sinaloa, Rubén Rocha Moya fue impedido para actuar contra el ex gobernador Quirino Ordaz Coppel acusado de corrupto por exdiputados de Morena.
Entre los ciudadanos quedó la impresión de que las manifestaciones son únicamente medición de fuerzas entre los cónclaves de poder, pero que no han servido para cambiar la realidad en los estados ni como ariete contra los ex mandatarios ladrones del erario público. En Sonora la mayoría de los ciudadanos votaron por la transformación por la lucha contra la corrupción, pero los exgobernadores sobre los que hay pruebas contundentes de corrupción permanecen intocables, por jugadas armadas por el Presidente para mantenerlos “alejados” de la vida pública, cuando hay evidencias rotundas para meterlos a la cárcel.
