Álvaro Aragón Ayala
Ciudad de México.– El líder del Partido Sinaloense Héctor Melesio Cuén Ojeda mantiene una constante confrontación con el Instituto Nacional Electoral porque el organismo electoral no reconoce los derechos políticos de los partidos estatales en la postulación de candidaturas federales y porque en aras de mantener sus privilegios económicos los miembros de ese instituto custodian la agenda del financiamiento directo y el doble financiamiento que se otorgan a los partidos políticos nacionales.
La discrepancia pública del fundador del PAS con Lorenzo Córdova Vianello y los consejeros y consejeras del INE tiene su punto de apoyo en la exigencia de que el Instituto permita el registro de candidaturas a diputaciones federales y Senadurías de los partidos estatales y debido a la “comodidad” de las autoridades electorales ante los miles de millones de pesos que se destina al sostenimiento de los partidos políticos nacionales. “El INE no se pronuncia al respecto porque el sostenimiento del Instituto es también muy caro”, señala Cuén.
La posición de Cuén Ojeda es clara sobre el INE y el proyecto de reforma el electoral planteada por el presidente de la República en el Congreso de la Unión en el sentido de que el organismo electoral no debe perder su autonomía, pero que sí se modifiquen artículos de la ley para acabar sus privilegios económicos. El líder del PAS, dice que está en espera de conocer todo el contenido de la propuesta electoral para fijar un posicionamiento más firme.
En esa confrontación que no tiene reversa, el PAS lleva a cabo aquí en la capital del país una lucha sin cuartel contra del INE cuya cerrazón es impresionantemente antidemocrática: por un lado, sus consejeros y consejeras se dicen adalides de la democracia mexicana y por otro niegan el registro de las candidaturas a puestos de elección federal a los ciudadanos que militan en los partidos locales.
En el Senado, el PAS libra otra batalla. Ratificó en la Sala Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación, un recurso de inejecución de sentencia presentado en 2019, respecto a la iniciativa ciudadana promovida en octubre de 2018 para que se elimine el doble financiamiento destinado a los partidos políticos y que el financiamiento nacional se reduzca al 50 por ciento.
Cuén Ojeda presentó dicho recurso en la Sala Superior ya que la iniciativa se encuentra “congelada” en el Senado pese a que hay fundamentos de prueba para que sea discutida, dictaminada y votada a la brevedad posible; de aprobarse, generaría un ahorro de más de 7 mil millones de pesos al año, dinero que podría ser destinado a los rubros más apremiantes de la sociedad.
El 10 de octubre de 2018 el PAS presentó dicha iniciativa ante el Senado de la República, respaldada por 221 mil 535 firmas de puro sinaloense y en 2019 se presentó un recurso de inejecución de sentencia para que se dictaminara tal iniciativa. Dicho recurso se ganó, pero no se atendió.
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El Instituto Nacional Electoral sigue negando la inclusión política-electoral de miles de ciudadanos del país afiliados a los partidos estatales obstaculizándoles el derecho constitucional de participar en las elecciones de diputados federales y Senadores de la República. La actual ley electoral y la estructura del INE fueron construidas por el viejo régimen del PRI y sus aliados del PAN y del PRD, partidos que ahora intentan bloquear la modernización de la arcaica legislación electoral.
La determinación del INE de actuar en perjuicio de los afiliados a los partidos políticos estatales violenta los preceptos Constitucionales que “garantizan”, en teoría, el derecho de todos los ciudadanos a votar y ser votados para los cargos de elección popular. El INE ha venido rechazando las solicitudes de registro de candidatos y candidatas de los partidos estatales apoyándose en un vacío legal y legislativo que rompe con el principio de igualdad de los derechos políticos.
En la elaboración de la legislación vigente, los tribunos del PRI, PAN y PRD contemplaron la creación de partidos estatales, pero no incluyeron su participación en las elecciones federales, abriendo una “laguna jurídica” al no instalar normativas específicas para negarles su inclusión en los procesos electorales federales, dejando ese “vacío” a la libre interpretación de los magistrados del TEPJF y del INE de eminente corte priista y panista.
Los legisladores neoliberales crearon una ley con una “regulación negativa” en materia electoral, pues no ligaron acto coactivo alguno a la matrícula electoral aparentemente “indebida”, por lo tanto, el derecho no prohíbe ni permite en un sentido positivo el registro de candidatos de partidos estatales. En este contexto, el comportamiento o acción que no está jurídicamente prohibido, en sentido negativo está permitido. En sí, el listado, matrícula o registro debe autorizarse o permitirse por ausencia de normación.
Para justificar la negativa del registro de candidaturas, las autoridades del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, esgrimen un argumento cuestionable: aseguran que no se viola la Constitución, cuando sí se viola, ya que, arguyen, existe la “libre” configuración normativa, validando así el impedimento tan solo porque los legisladores del PRI, PAN y PRD “no previeron que los partidos locales pudieran participar en esos comicios”. O más bien sí previeron, pero decidieron obstaculizarlos.
El registro de candidaturas a diputados federales y Senadores de los partidos políticos estatales no está prohibido; hay una norma positiva que califica dicha acción y comportamiento en el orden jurídico, y puesto que la no prohibición es una circunstancia del efecto negativo de normación, entonces el registro de aspirantes a esos puestos de elección es legal; es decir, debe estar permitida. Constitucionalmente tienen el derecho a votar y ser votados.
