Álvaro Aragón Ayala.
La sobreprotección que cursa sobre el ex gobernador y actual embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, inhabilita a la 64 Legislatura Local como representante del interés público-ciudadano y desfigura el ejercicio de fiscalización/revisión del quehacer gubernamental al no conceder valor probatorio a la reprobación las cuentas públicas para el arranque de investigaciones contables-administrativas que permitan la recuperación de dinero saqueado al erario público.
De manera improcedente, Quirino Ordaz Coppel, en funciones de gobernador, vetó un paquete de acuerdos sobre la cuenta del Ejecutivo Estatal y la de ocho municipios, organismos paraestatales y paramunicipales, que la 63 Legislatura reprobó y le había enviado para su publicación, expedientes que contienen serias irregularidades que pudieran conducir a la práctica de latrocinios.
LAS CONTROVERSIAS
El mandatario estatal se amparó en el tiempo-espacio que le concedió el análisis de las controversias constitucionales 331/2019 y 137/2020 para negarse a difundir las cuentas públicas reprobadas, sin embargo, el pasado 30 de noviembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó publicar al Ejecutivo Estatal los acuerdos tomados por la 63 Legislatura Local.
La Segunda Sala de la SCJN estableció que el poder Ejecutivo de Sinaloa no tiene facultad para intervenir o vetar las actuaciones del Congreso del Estado con el pretexto de que el procedimiento fue contrario al marco constitucional o legal de la entidad, como lo hizo el entones titular del Poder Ejecutivo Estatal.
GOBIERNO DE ESCÁNDALO
Al salir Quirino Ordaz del gobierno estatal, pesaban sobre él dos demandas penales, una en la Fiscalía Estatal y otra en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y 41 auditorías específicas solicitadas por ciudadanos, la “memoria” de más de 9 mil muertos de la pandemia y la imagen de una administración que había colapsado las finanzas públicas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador suspendió por tres ocasiones a Quirino Ordaz Coppel, del 2020 y el 2021, el Convenio Único de Coordinación Fiscal y lo requirió para que regresara recursos obtenidos con documentación falsa del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
GRACIELA Y SUS REVELACIONES
El 25 y el 26 de abril del 2021, la entonces diputada Graciela Domínguez Nava ratificó que el sello del gobierno de Quirino fue “la resistencia a la rendición de cuentas, obstrucción a la que se sumó la auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, al ignorar los actos flagrantes de corrupción que llevaron a que las cuentas públicas de la administración estatal estén en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la negativa del mandatario, que en vez de solventar las observaciones prefirió vetarlas”.
LAS DEMANDAS
En pleno ejercicio de sus funciones, Graciela Domínguez Nava y la diputada Yeraldine Bonilla, de la Comisión de Juventud y Deporte de la 63 Legislatura, demandaron penalmente ante la Fiscalía General del Estado al gobierno estatal por el delito de corrupción por haber construido el estadio de futbol Kraken en Mazatlán con dinero público y haber suscrito de manera “secreta” un contrato con una emresa privada para el uso del coloso deportivo por 10 años sin ningún beneficio para el estado.
El Partido Movimiento de Regeneración Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales contra Quirino Ordaz Coppel y su candidato del PRI-PAN-PRD al gobierno de Sinaloa, Mario Zamora Gastélum. Al ahora ex gobernador lo acusó de coaccionar el voto y de generar inequidad en la contienda electoral mediante la entrega masiva de tarjetas alimentaria “Puro Sinaloa” para orientar los sufragios a favor de Zamora.
LAS AERONAVES
Quirino Ordaz fue acusado de usar las aeronaves del gobierno estatal como si se trataran de taxis aéreos. De acuerdo al reporte de la Comisión de Fiscalización del Congreso Local de la 63 Legislatura, Quirino Ordaz tuvo a su disposición tres helicópteros y dos aviones, que, según las bitácoras, del 2017 al 2019 realizaron mil 463 vuelos, a reserva de contabilizar los que efectuaron en los años 2020 y 2021. Sobresalen los reportes donde las aeronaves van y vienen el mismo día de la ciudad de México a Culiacán como si se tratara de vuelos comerciales.
LOS CRÉDITOS
Quirino Ordaz Coppel usó “personalmente” 2 mil 809 millones de pesos en créditos de corto plazo y mantuvo en la oscuridad el destino de 8 mil 300 millones de pesos de ingresos excedentes, 4 mil 200 millones de pesos invertidos en obras sin expediente y canalizó mil 500 millones de inversión pública en beneficio directo de cuatro particulares concesionarios de bienes públicos.
Desvió, además, mil 600 millones de aportaciones de trabajadores estatales no entregadas al Instituto de Pensiones, desapareció un fondo de ahorro por mil 60 millones de pesos, y nunca explicó el destino de 113 millones de aportaciones patronales de vivienda al ISSSTESIN ni dio detalles sobre el “regalo” de 42.5 millones de pesos a una institución de asistencia privada de los Mochis que en el sexenio de Mario López Valdez se habían entregado en calidad de préstamo.
LA REPROBACION DE LAS CUENTAS
La orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la publicación de las cuentas públicas reprobadas de Quirino Ordaz y las denuncias sobre las corruptelas sobre quien hoy despacha como flamante embajador de México en España no han sido suficientes para mover los instrumentos anticorrupción del Congreso Local para emprender una investigación y recuperar el dinero “perdido” durante el gobierno quirinista.
La 64 Legislatura manda la lectura a la sociedad que la reprobación de las cuentas públicas de una administración estatal o municipal o de los entes autónomos son prácticas únicamente del juego político o para consolidar el entramado de complicidades, ya que no les conceden la fuerza suficiente ni el estatus legal como para emprender acciones de alto calado contra funcionarios públicos estatales o municipales.
El gobierno de Quirino Ordaz fue tan altamente corrupto y descarado que se dio el lujo de gastar más de mil 500 millones de pesos en publicidad y propaganda, y obligar al gobierno entrante de Rubén Rocha, en el 2021, a pedir créditos bancarios para pagar los salarios y aguinaldos, pues los recursos agendados-contabilizados para el cierre del año los gastó olímpicamente el hoy embajador de México en España.
