Alvaro Aragón Ayala
No todo es aplausos y abrazos. La torpe operación política del juicio político contra Jesús Estrada Ferreiro, proceso encargado al presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Feliciano Castro Meléndrez, derivó en la injerencia de la Fiscalía General de Justicia para encauzar el arribo de Juan de Dios Gámez Mendívil a la presidencia municipal de Culiacán y originó la construcción de la percepción de que en Sinaloa funciona una dictadura legislativa.
O todavía más grave: que en Sinaloa se gobierna bajo una dictadura constitucional, en el que el poder se concentra de manera autoritaria o totalitaria en manos de una persona o un grupo de personas que controlan directamente los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, por lo que no se asienta el principio de separación de poderes. La apreciación nació por la incapacidad política de Feliciano Castro para “mecanizar” una salida tersa, no tan “agresiva”, de Estrada Ferreiro del Palacio Municipal.
En un primer faje se buscó sacar a Estrada de la alcaldía, para ceder el cargo a Juan de Dios Gámez, mediante el juicio político, un método más “blando” que la acusación penal o la criminalización. Pero Feliciano Castro no cumplió cabalmente con la encomienda, pues mientras discurseaba, filosofaba y difundía floridos videos, el “indiciado político” ganaba terreno en los tribunales federales, obligando a recurrir a la Fiscalía General de Justicia para forzar al Poder Legislativo a que le quitara el fuero y se le separara del cargo.
El diputado Castro Meléndrez iba quedando en el ridículo. Se armó entonces una jugada presurosa y «nueva»: la Fiscalía avaló varias denuncias penales ciudadanas contra Estrada Ferreiro, las cuales sirvieron para pedir al Congreso su desafuero, bajo la figura mediática de “culpable” y saqueador de las finanzas municipales, generando la percepción de que el Congreso Local tocaba los umbrales de la criminalización política.
Así pues, si Feliciano Castro Meléndrez hubiera operado con puntualidad el juicio político, no existiera la percepción de que bajo la forma del eficientismo legislativo, no de eficacia política, se larva en Sinaloa una nueva forma de autoritarismo, conocida como dictadura legislativa, donde una mayoría numérica de diputados impone una decisión, que no es producto de las urnas, sino del «acuerdo» de un solo hombre.
Por culpa de Feliciano, que todavía no se da cuenta del daño que le infirió a la imagen del Congreso Local y que se da el lujo de difundir en su Ego-Facebook que lee poesía porque “embellece la vida” -le gusta la de Pablo Neruda-, corre la versión de que en Sinaloa se acopla también una dictadura constitucional de aparente respeto a los principios del Estado de Derecho a través de una fachada constitucional que enmascara la no división de los Poderes Legislativo, Ejecutivo, y Judicial.
