Alvaro Aragón Ayala.
La obtusa construcción de la Ley de Educación Superior del Estado, violatoria a la autonomía universitaria, ofreció la lectura de la ignorancia animal de los diputados de Morena en el dominio de la ciencia del derecho y la perversidad con la que actuaron en su mañosa interpretación del concepto de homologación, el cual ajustaron su interés grupal, para manufacturar un apócrifo ordenamiento jurídico con el que intentan tomar el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Los diputados interpretaron de manera asnal, a su conveniencia, el concepto de la homologación legislativa, para crear una Ley de Educación Superior atentatoria a la Constitución y a la Ley General de Educación Superior. La ley de los diputados cuadrúpedos se diseñó para que sirva de soporte ilegal al trazado de una Ley Orgánica Foránea para la UAS que permita irrumpir y asaltar la Casa Rosalina con el propósito de “morenizarla” y encauzarla por un proceso de ideologización del pensamiento único.
Resulta un insulto a Sinaloa y su sociedad que los diputados desconozcan la ciencia del derecho y que sean los únicos que no se den cuenta de que la Ley de Educación Superior del Estado viola la Constitución y la Ley General de Educación Superior y que sin ninguna argumentación jurídica sólida desaten una campaña de desprestigio contra la UAS y sus autoridades para intentar, a fuerza de tanto ataque, que acepten la aplicación de la ley de marras.
La Constitución y Ley General de Educación Superior precisan que “cualquier iniciativa o reforma a las leyes orgánicas (de las Universidades Autónomas) deberá contar con el resultado de una consulta previa, libre e informada a su comunidad universitaria, a los órganos de gobierno competentes de la universidad o institución de educación superior a la que la ley otorga autonomía, y deberá contar con una respuesta explícita de su máximo órgano de gobierno colegiado”.
La Ley de Educación del Estado de Sinaloa contraviene este precepto constitucional-legal y coloca al Congreso del Estado como el ente encargado de regular, desde el exterior, las consultas para elaborar iniciativas y nuevas leyes o reformas a las Leyes Orgánicas de las universidades autónomas; faculta a la SEPyC para que se inmiscuya en las áreas sustantivas de la Universidades e instala a la Auditoría Estatal por encima de la Auditoría Superior de la Federación en la fiscalización del presupuesto federalizado de la Casa Rosalina.
La Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios que agrupa a más de 75 sindicatos de universidades públicas de todo el país, en voz de su dirigente, Enrique Levet Gorzope, precisó que la Ley de Educación Superior de Sinaloa viola la autonomía universitaria y convocó a los trabajadores a armar un bloque nacional en defensa de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
El MC Jorge Cano Herrera Lizano, abogado general de la Red Jurídica de Universidades Públicas de México (REJUP), que aglutina a abogados generales de cuando menos 20 universidades del país, difundió un posicionamiento legal, público, en el que señala que la Ley de Educación Superior de Sinaloa vulnera el principio de autonomía y expresó su solidaridad con la UAS.
El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), integrado por las instituciones con los más altos índices de desempeño y del cual forma parte la Universidad Autónoma de Sinaloa, por medio de su presidente Arturo Salgado González, emitió un posicionamiento legal en el que sostuvo que la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa viola directamente la autonomía.
El doctor Luis Armando Gonzáles Placencia, secretario general Ejecutivo de la ANUIES, organismo conformado por 211 universidades e instituciones de educación superior, sostuvo también que la Ley Superior del Estado de Sinaloa viola la autonomía universitaria y contiene preceptos jurídicos aberrantes con los que se pretende postrar a los caprichos de los diputados del Congreso Local a las autoridades de las Universidades Públicas autónomas de Sinaloa.
