Richard Lizarraga Peiro
La organización contra la corrupción Iniciativa Sinaloa presentó a la Comisión para el Acceso a la Información Pública una denuncia por opacidad cometida por el gobierno de Quirino Ordaz Coppel, la cual contiene el expediente de 650 omisiones cometidas en contrataciones y compras para la secretaría de Salud.
Iniciativa Sinaloa no presentó denuncia en torno a la contratación para la construcción de varios hospitales públicos, los cuales permanecen aún sin funcionar. La estructura de esos hospitales registran deficiencias. Las constructoras fueron privilegiadas por la “cercanía” de Juan Carlos Ordaz Coppel, hermano del entonces gobernador del estado y actual embajador de México en España.
De acuerdo a los documentos presentados por IS, de 2017 a 2021 Quirino Ordaz incumplió obligaciones de transparencia, al no publicar nombres de proveedores ni facilitar acceso a los contratos públicos para obras y adquisiciones.
Durante ese período se registraron 2 mil 975 contratos, que corresponden a una erogación de mil millones 476 mil 828 pesos de recursos públicos.
De acuerdo al análisis de Iniciativa Sinaloa, cuando menos una tercera parte de estos contratos incumplió de alguna manera con las obligaciones de rendición de cuentas establecidas en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En 2017, 503 no estaban publicados en las páginas Compranet o la Plataforma Nacional de transparencia, pues el enlace que presuntamente dirigía al contrato se encontraba dañado o equivocado.
Otra irregularidad hallada fue en 2018, pues se publicaron ocho contratos tan solo identificados con un número de folio, pero sin ninguna información de contratista, monto, descripción, fecha de contrato. En 2019, también se omitió información de casi 100 licitaciones públicas.
Durante la pandemia por Covid-19 existieron 43 contratos adjudicados de manera directa cuyo proceso no se argumentó.
Al tratarse de asignaciones directas, la Ley instruye a publicar además los motivos o fundamentos legales para contratar de esa manera y no a través de convocatoria.
“A veinte años de la primera Ley de Acceso a la Información Pública en Sinaloa, vemos que aún permean de manera sistemática prácticas de opacidad en las diferentes instancias gubernamentales, lo cual es algo muy grave, ya que esto da pie a que se generen posibles riesgos de corrupción”, declaró la Directora de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes.
