Alvaro Aragón Ayala
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador descubrió otro hilo conductor de las relaciones de Enrique Peña Nieto-Quirino Ordaz Coppel en la operación de compra-venta del edificio Homex en Sinaloa, hebra política que paradójicamente viene a afianzar más el dominio que el presidente de la República ejerce sobre el embajador de México en España.
Para que Quirino Ordaz memorice el adagio “para los amigos justicia y gracia; para los enemigos la ley a secas”, el presidente Obrador ordenó mantener vigentes y profundizar las investigaciones en torno a las corruptelas del ex gobernador de Sinaloa con el propósito de que no escape de su control en la jugada para desactivar el “Grupo Atlacomulco”.
Quirino Ordaz Coppel fue designado por el presidente López Obrador embajador de México en España. El mandatario federal le ofreció protección hasta finales del 2024 a cambio de que le ayude a “reventar” el Grupo Atlacomulco, propietarios de la gubernatura del Estado de México, y de que lo auxilie en el desmantelamiento territorial del PRI.
Sin embargo, por aquello de quien traiciona una vez traiciona siempre, López Obrador ordenó a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Sistema de Administración Tributaria, no cerrar ninguna investigación en torno al ex gobernador de Sinaloa.
En la carpeta de investigación presidencial obra el rapiñaje de Quirino Ordaz en prensa y propaganda, área que usó para desaparecer chorros de millones de pesos y canalizar más millones a apoyar a medios de comunicación nacionales, a los cuales el presidente de la República recortó o canceló contratos de publicidad.
Ocupa varias páginas de la indagatoria el pago de más de 652 millones de pesos, no autorizados por el Congreso de Sinaloa, en la construcción del estadio de béisbol Kraken en Mazatlán, “regalado” al empresario Ricardo Salinas Pliego. En su oportunidad, los diputados de Morena denunciaron la ausencia de documentos que garantizaran la posesión legal del predio en el que se construyó el estadio.
A espaldas del Congreso y en abierta violación a la Ley de Inmuebles, el 22 de julio de 2020 Quirino Ordaz le concedió al empresario Ricardo Salinas Pliego, a través de la empresa Atlético Morelia S.A. de C.V, “el derecho exclusivo para administrar, utilizar, explotar, brindarle mantenimiento, llevar a cabo mejoras y comercializar todo el estadio…”.
Ahora, el gobierno de López Obrador descubrió más nexos ocultos del embajador de México en España con la familia del ex presidente Enrique Peña Nieto en la operación de compra del edificio Homex, el cual se hizo creer a los sinaloenses que era propiedad del empresario Eustaquio – “Tato”- de Nicolás.
En la pesquisa presidencial salió a flote que Quirino Ordaz acordó con Enrique Peña Nieto, no con Eustaquio de Nicolás, comprar al hermano del ex presidente, Arturo Peña, el edificio Homex, que costó en total 600 millones de pesos, de los cuales 174.5 millones fueron para adquirir el inmueble a la “financiera” y el resto para supuestamente “reparar” las deficiencias estructurales del inmueble.
De acuerdo a información de la UIF, Arturo Peña Nieto comenzó a hacer negocios con Homex mediante una subsidiaria llamada Comercializadora Cántaros, SA de CV, en la que aparece como administrador único en un documento del Registro Público de Comercio de Sinaloa fechado el 11 de noviembre de 2009, cuando Enrique Peña, gobernaba el Estado de México.
Los hermanos Gerardo, Julián y Eustaquio, Tato, De Nicolás, solicitaron su revocación como parte del consejo de administración de Cántaros para que Arturo Peña quedara como administrador único. Esa acción quedó registrada en el informe anual de Homex-2010 ante las autoridades de Estados Unidos.
En el Diario Oficial del Estado de Sinaloa hay un registro de noviembre de 2009 que también da cuenta de la presencia de Comercializadora Cántaros a través de un aviso de reducción de capital. Esos datos le fueron ocultados a los sinaloenses.
Quirino Ordaz Coppel entonces no negoció con “El Tato” de Nicolás la compra del edificio Homex. El ex mandatario estatal realizó la operación para cumplir con los compromisos de Enrique Peña Nieto. El edificio que adquiriría a una “ganga”, como la calificó en su momento el ex gobernador, al final de cuentas sirvió para operar otros saqueos del erario público.
En la transacción, el exgobernador dijo haber pagado 154.4 millones de pesos en un año, pero después usó un estudio estructural de la Empresa STR Servicios de Ingeniería Especializada que determinó que el edificio presentaba daños “de moderados a mayores y condiciones estructurales inaceptables”, para seguir sacando dinero del presupuesto público para el “rescate” y “modernización” del edificio.
