Alvaro Aragón Ayala
El sector educativo sinaloense de nivel superior entró en una etapa de análisis, deliberación y propuesta con el objetivo de razonar y crear, en coordinación con el Poder Legislativo, la primera Ley Estatal de Educación Superior que armonizará con la Ley General de Educación Superior. La agenda se abre con el tema de las autonomías universitarias y el financiamiento para garantizar la gratuidad y la universalidad de la educación superior.
En una primera instancia, la gestación-articulación de la Ley Estatal de Educación Superior se debatirá en las plataformas de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) y en el parlamento abierto convocado por la Comisión de Educación Pública y Cultura del Congreso Local para realizar foros para el análisis, consulta y propuestas.
La Ley Estatal de Educación Superior deberá mantener inalterable los principios establecidos en la Constitución y en la Ley General de Educación Superior. Es obligación normar la legislación estatal para garantizar el ejercicio del derecho humano a la educación en este nivel e impedir que intereses ajenos a las universidades busquen modificar sus leyes orgánicas, reglamentaciones y formas de gobernar sin el acuerdo específico de las comunidades universitarias.
Corresponde a los autores de la Ley abrir ventanas de oportunidades que den viabilidad a las políticas de educación superior; si no hay fondos presupuestales los programas universitarios de gran calado, como la gratuidad y la universalidad, serán prácticamente imposibles de implementar y quedarán solo en el papel o en el discurso.
Es indispensable proveer de herramientas legales que aseguren la inyección de los recursos suficientes a las instituciones de educación superior estatales, las universidades tecnológicas y politécnicas, las universidades interculturales y las escuelas normales.
En la mesa de la discusión de la COEPES y del parlamento abierto es menester discutir, proponer y argumentar de manera reflexiva cómo aprovechar las oportunidades del financiamiento estatal. Los criterios principales de los presupuestos universitarios deberán romper con las inercias y prácticas convencionales y apostar por la innovación. La primera Ley Estatal de Educación Superior prefigura una nueva etapa de colaboración gobierno del estado y federación en materia de financiamiento en este nivel académico.
