Álvaro Aragón Ayala.
La escalada de desaparecidos, feminicidios y crímenes violentos, entre ellos el del periodista Luis Enrique Ramírez de El Debate y el del subdirector de la Policía Municipal de Culiacán, Juan Miguel – “El Boxer”-Silva Alvarado, desmitificaron la aparente figura regia de la titular de la Fiscalía General de Justicia, Sara Bruna Quiñónez Estrada, colocándola en el centro del miedo.
Las pocas y fallidas carpetas de investigación llevadas a los Juzgados y la “parálisis” provocada por la oleada de asesinatos, reflejan a una Fiscal dominada por el estrés que genera el control de la plaza por los poderes fácticos, cuyos capos di tutti capi seleccionan a las autoridades qué crímenes perseguir y cuáles no, para no perturbar el estatus quo de la Pax Narca.
El asesinato de Luis Enrique Ramírez, fácil de resolver, se transformó en la novela del celular en las hipótesis truculentas de Sara Bruna. La indagatoria, llena de inconsistencias, conduce a la impunidad del proditorio crimen. La teoría policial de que el homicidio fue cometido “circunstancialmente” por una célula del narco perturba la psiquis de la Fiscal.
El asesinato de “El Boxer” Silva Alvarado cometido frente a sus guardaespaldas municipales reflejó el poderío y el control de la plaza de los poderes fácticos. La investigación en torno al crimen se “congeló” por temor a direccionar una reacción violenta hacia los detectives y las autoridades de la Fiscalía.
Sara Bruna Quiñónez llegó a la Fiscalía presumiendo su pasado de “jueza de hierro”. Exacto: pasaron por su despacho, en calidad de Jueza, casos emblemáticos de corrupción que sirvieron para fabricarle una figura mediática de mujer de mano dura, echada para adelante, dispuesta a todo con tal de aplicar la ley.
Sin embargo, esa imagen cayó: nunca pisó la cárcel por una solución alternativa el ex tesorero estatal Armando Villarreal acusado del desvío de 365 millones de pesos y María Alejandra Gil Álvarez, del Sector Salud, única sentenciada a cuatro años de prisión por el delito de desempeño irregular de la función pública, fue absuelta por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia.
La vida pública de Sara Bruna Quiñónez cambió drásticamente: el derrumbe de su figura inmutable, sin miedo y la simulación en la investigación de delitos de alto impacto, sostenidos por el manejo de estadísticas prefabricadas, ubican a la Fiscalía General de Justicia, más allá de una dependencia sometida por los poderes fácticos, como la institución menos rentable del gobierno de Rubén Rocha Moya.
Pese a que la Fiscalía opera con un presupuesto anual de más de 900 millones de pesos, al que se le suman los dineros no transparentados del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia, esos recursos no han sido suficientes para sacar a Sara Bruna del centro del miedo e impedir que adopte la postura del avestruz cada vez que se registra un crimen sangriento, la desaparición de personas o el asesinato violento de mujeres.
