Álvaro Aragón Ayala.
Rubén Rocha Moya polemizó con los comunicadores bajo la tesis de que nadie tiene la verdad absoluta y reclamó su derecho a discrepar de la agenda periodística que involucre la función gubernamental. El debate derivó de una presunta intimidación policial a un periodista; el gobernador negó emitir una resolución y orientó la apertura de una investigación sobre el caso.
El jefe del Ejecutivo Estatal esquivó meterse en el área de competencia de la Fiscalía de Justicia del Estado y en apego a su derecho a la discrepancia no le otorgó veracidad plena a la versión unilateral del periodista, en el entendido de que no obra todavía una investigación sobre el suceso ni se ha citado a comparecer a la contraparte. Prima el derecho a la presunción de inocencia y el respeto a los derechos humanos del agente inculpado por el comunicador.
En el campo de la presunta amenaza al periodista, propia de la Fiscalía General de Justicia y de los Derechos Humanos, Rubén Rocha Moya planteó las modalidades de las relaciones Gobierno del Estado-Medios de Comunicación, sin amigos, sin hipocresías, con modestia, sin privilegios, disculpas y dispensas, sin santones, pero con respeto a todos los periodistas, incluyendo a las empresas editoriales
El jefe del Ejecutivo Estatal maximizó la discrepancia, esencia de todo régimen democrático, pegándole en la línea de flotación a los periodistas y compañías editoriales dueñas de la creencia de que lo que difunden es la verdad absoluta y que en la práctica diaria son refractarias al desacuerdo, la crítica o la contracrítica o al análisis de lo que publican.
Con la seguridad de que nadie tiene la verdad absoluta, Rocha Moya mandó la lectura de que su gobierno no estará supeditado a lo que publiquen o digan los medios subordinados a los intereses opositores a la Cuarta Transformación ni a lo que difunda fulanito o menganito por más privilegios que goce en la sociedad o que ha venido gozando, quitando el velo a quienes se creían los santones del mundo para poder criticar sin que tuvieran señalamientos.
Bajo la tesis de que la discrepancia -correa de ida y vuelta en la discusión periodística- genera riesgos porque es catalogado como un delito de Lesa Patria por ciertos segmentos del gremio de la comunicación, el gobernador precisó: “yo no quiero periodistas amigos, no; quiero respetarlos a todos y también a las empresas. Tener una empresa de periodismo es una empresa legal. Lo que no quiero es dejar de tener mis discrepancias y (dejar de) expresarlas”.
