Juan Manuel Partida Valdez.
Los hijos del gobernador Rubén Rocha Moya declararon ante el SAT ingresos de 548 millones de pesos con su constructora CHOCOSA, del 2017 al 2021.
Tenemos en nuestras manos los documentos de las declaraciones de esos cinco años, 155 páginas en total, que nos hicieron llegar desde las oficinas del SATES.
La precisión del total suma 548 millones 209 mil 165 pesos.
Setenta y tres millones 957 mil 893 pesos en el año 2017; por lo que toca al 2018, 110 millones 229 mil 293 pesos; del 2019, 104 millones 625 mil 37; del 2020, 116 millones 19 mil 466, y del 2021, 143 millones 377 mil 476 pesos.
Les comparto una de las páginas de la declaración correspondiente al año 2021, advertido como quedé de la posibilidad de una denuncia por parte de los constructores.
Como haya sido, sale a la luz pública esto que había sido un secreto celosamente guardado.
Las cifras extraoficiales eran de ingresos notablemente más bajos.
Quizás fueron así, con incrementos importantes al paso de los años.
Esos 548 millones de pesos que sí encajan con las mansiones de súper lujo compradas por los hijos del jefe del ejecutivo estatal.
Residencias en los conjuntos habitacionales más exclusivos.
Nada ilegal hay en ello, si esos ingresos fueron obtenidos de manera legal.
Y entramos, otra vez, a los pantanosos terrenos de la “justicia” en Sinaloa.
A Héctor Melesio Cuén Ojeda y a su familia, la Fiscalía lo investiga por acumular un patrimonio de 123 millones en los últimos 13 años.
La familia Rocha Ruiz, únicamente con su constructora sumó ingresos por 548 millones, en tan sólo cinco años.
En solamente un año, más que de lo que se acusa a los Cuén Díaz durante 13 años.
Parece que se mide lo mismo con vara distinta.
Que se persigue al adversario, mientras se elude por cosa similar a los familiares del gobernador.
No señalo como inocentes a los Cuén Díaz ni como culpables a los Rocha Ruiz.
Pero la información que hoy compartimos motiva, otra vez, la sospecha de una justicia que se tuerce para satisfacer intereses de grupo.
Cada quién tendrá su opinión al respecto.
CONFIRMAN UN INSTITUTO CON PRESUPUESTO PERVERSO
Nos hacen llegar un pronunciamiento de la Red de periodistas y personas defensoras de derechos humanos del Estado de Sinaloa, respecto de la situación que se vive en el instituto estatal que en nuestra consideración oficial sirve lo que la carabina de Ambrosio.
Con mucha anticipación advertimos la intención de crear un membrete oficial para darle chamba a un grupo de “luchadores” dizque independientes y honestos.
Una de las más fuertes polémicas al iniciar su operación fue la del presupuesto.
Casi todo para la nómina, casi nada para apoyar a periodistas y defensores perseguidos.
De seis consejeros, tres estaban contra este absurdo, y ahora parece que solamente son dos.
Contra cinco, sumando a la presidenta del instituto.
La información que nos llega es que Rosina Ávila Palma y Alberto Morones Rivas estarían solos contra la línea “oficial”.
Luchan por un presupuesto que se apegue a los propósitos de defender a los perseguidos, y que no sea casi exclusivamente para pagar salarios de los privilegiados.
Que se canceló el apoyo para dos personas a las que se ha estado defendiendo.
Griselda Triana, viuda de Javier Valdez, se puso del lado de quienes rechazaron la solicitud.
Los afectados y algunos apoyadores exigen la intervención del Congreso de Sinaloa y del gobernador Rocha Moya.
Planean ir a la conferencia semanera, para expresar su justo reclamo.
