Fátima Vidal González
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La pertinencia de los exámenes de ingreso y su uso como diagnóstico de los conocimientos y las competencias necesarios para emprender con éxito los estudios de tipo medio superior o superior es un debate que ha venido cobrando interés. En distintos foros, especialistas con amplia trayectoria en el campo de la evaluación educativa coinciden en el valor de los exámenes que se aplican antes de iniciar un ciclo educativo, pues, aunque el promedio de las calificaciones logrado por los estudiantes en la secundaria o el bachillerato tiene un poder predictivo del éxito en el primer año de estudios del siguiente tipo educativo similar al de los puntajes en las pruebas de admisión, alertan sobre un factor de sobra conocido: las calificaciones que se otorgan en las escuelas no están bajo control y pueden incluir algún sesgo, es decir, un alumno puede lograr un promedio más alto o más bajo según los criterios de exigencia de la institución donde estudia.
Esta situación se salva parcialmente gracias a los exámenes que se diseñan y aplican con los mismos criterios a todos los estudiantes que transitan de un tipo educativo a otro superior. La información que se genera al aplicar una evaluación objetiva, comparable y sin sesgo permite detectar y, eventualmente, definir líneas de acción para corregir las deficiencias o potenciar las fortalezas de los alumnos.
Con ese propósito, en muchos países con niveles educativos equivalentes o superiores al nuestro se evalúa a los jóvenes que desean ingresar a bachillerato o licenciatura y, casi como una condición general, es obligatoria la aplicación de un examen que brinde información sobre las habilidades y conocimientos predictivos del desempeño en el siguiente nivel educativo.
Los exámenes cumplen con la función de ofrecer información que permite a las instituciones la toma de decisiones sobre el perfil de los estudiantes, el tipo de acciones de nivelación académica que deben implementarse e, incluso, son útiles para generar indicadores de efectividad de las mismas instituciones y sus programas.
Una revisión de la amplia oferta de instrumentos de ingreso que se ofrecen permite evidenciar algunos aspectos relevantes. En primer lugar, prácticamente todos evalúan el dominio de las habilidades verbal y matemática. Una amplia variedad de estudios en el área de las ciencias cognitivas ha demostrado que medir ambos campos es condición sine qua non para evidenciar el nivel de “madurez académica” de los estudiantes; es decir, si disponen de los conocimientos y las competencias necesarios para aprehender conocimiento nuevo que les faculte a afrontar con éxito los estudios del siguiente nivel educativo.
En segundo lugar, la organización de los contenidos y el nivel de concreción con que se miden los componentes matemático y verbal varían de acuerdo con los propósitos y objetivos que define el centro evaluador que diseña el examen. Por lo tanto, a cada prueba la distingue un enfoque particular y propio, producto tanto de un profundo análisis científico y académico como de la implementación rigurosa de metodologías de diseño, aplicación y calificación. Esta sistematización de procesos para la concepción de un examen, acompañada de las respectivas fases de verificación empírica, faculta a los organismos evaluadores a ofrecer resultados con la certeza de que son válidos y confiables, como corresponde a la gran responsabilidad de evaluar personas.
El Ceneval, cuyo mandato social es contribuir a la mejora de la calidad de la educación, complementa ese resultado académico con la evaluación de otros campos del conocimiento y, como resultado de muchos meses de investigación en la materia, ha incorporado la medición del nivel de desarrollo de habilidades socioemocionales, para ofrecer información integral de cada estudiante que responde sus exámenes. Esta información innovadora permite que las instituciones puedan definir acciones de tutoría y acompañamiento específicas para promover la permanencia y continuidad de los jóvenes en las aulas.
El enfoque de los nuevos exámenes creado por el Ceneval requirió varios años de desarrollo hasta su implementación, anunciada a principios de 2021 por distintos medios. De ahí que sorprende que apenas unos cuantos meses después empresas evaluadoras con una orientación claramente comercial han generado pruebas de admisión que presumen de calidad y originalidad y, sin embargo, guardan una semejanza notoria e intencional no sólo con el enfoque de las nuestras sino con sus contenidos y nivel de concreción. Llama la atención que estas agencias presten servicios de evaluación a autoridades educativas estatales que sin mayor reparo contratan sus servicios sabiendo, o alentando, las prácticas poco éticas en las que están involucradas.
Los estudiantes y sus familias, la sociedad y principalmente las autoridades educativas, deben exigir la presentación de evidencias que garanticen validez y confiabilidad antes de otorgar su voto de confianza a agencias cuya participación en la evaluación parece estar definida por intereses distintos o ajenos a la promoción responsable de la equidad social y la mejora educativa, pues basan su diseño de exámenes en imitar sin sustento el resultado del trabajo científico y académico que realizan los centros evaluadores que se distinguen por su liderazgo, compromiso y excelencia, en lugar de analizar, proponer y respaldar los propios.
Resulta lamentable la frecuencia con que un proceso de ingreso a una institución educativa se empaña por intereses opuestos a la calidad en la educación y a la equidad. Los aspirantes que copian los reactivos para beneficio propio y los que lucran con ello, las escuelas que preparan para los exámenes, las que venden materiales que son gratuitos, los youtubers que tejen redes de filtración y robo, así como las agencias que diseñan exámenes sin sustentos teóricos y metodológicos sólidos, propician día con día circunstancias injustas para los estudiantes. Velar por la calidad e imparcialidad de los exámenes que se usan para tomar decisiones de enorme peso en la planeación de las estrategias de política educativa e institucional es responsabilidad de todos los actores del sector. De ello depende la mejora de las condiciones de cada uno de nuestros estudiantes y, en un futuro nada lejano, de los grandes retos nacionales
