Alvaro Aragón Ayala
La Fiscalía General de Justicia de Sinaloa no arroja resultados satisfactorios en el caso de las desapariciones de personas porque opera bajo una estructura caduca y porque su personal no investiga a fondo por incapacidad, colusión con el crimen o por miedo ser víctima de la violencia delictiva y terminar también “levantado” y desaparecido.
El sistema burocrático de la FGJ funciona para enfriar las denuncias de los familiares de desaparecidos y para amainar la protesta por medio de mecanismos institucionalizados. La Comisión Estatal de Búsqueda copta sutilmente a los líderes de los movimientos y simula “trabajar” desde adentro y no desde el espacio público.
La desaparición narca, la desaparición forzada o desaparición involuntaria de personas titula tipos de delitos complejos por la violación de múltiples derechos humanos que, en determinadas circunstancias, en el caso de las desapariciones cometidas por el Estado constituye un crimen de lesa humanidad.
El hallazgo a “cielo abierto” o en tumbas clandestinas de osamentas completas, cuerpos putrefactos o de restos humanos dispersos, no es suficiente para que la Fiscalía abra indagatorias. La dependencia centra sus acciones en la identificación de los desparecidos, pero no en la identificación de el o los responsables de la perpetración de los delitos.
Los familiares de desaparecidos reciben apoyo simbólico, verbal y burocrático en su búsqueda de la verdad y en el rastreo de los ausentes, pero no encuentran respuestas a sus demandas de identificación y castigo a los culpables. Cada desaparición constituye sólo una raya más en la estadística de la Fiscalía General de Justicia.
El argumento de que en cada desaparecido pudiera encontrarse una acción de venganza de grupos criminales, demoniza a las víctimas, “justifica” a los responsables, genera el desplazamiento y dispersión de las culpas y construye escenario de sospechas en relación al trabajo desarrollado en vida por los ausentes.
El entorno de crispación social generado por la presencia de grupos delictivos que seleccionan a quien desaparecer, obliga a las familias a luchar por la recuperación de la honra de sus seres queridos y por quitarles el estigma de que fueron “levantados” y “esfumados” por ser partícipes o cómplices de algún delito.
El proyectado Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana (CertiDH) o Panteón forense, servirá únicamente para “concentrar” los cadáveres o los restos encontrados en las búsquedas y los que se extraerán de las fosas comunes para su identificación y entrega a sus familiares.
Sin embargo, para que la Fiscalía General de Justicia identifique y vaya a la caza de los responsables de las desapariciones, no basta con que se reconozca el nombre de las víctimas; es urgente que acabe con la impunidad y el miedo y muy necesario dotar a los investigadores de las herramientas técnicas y científicas para el desarrollo de sus pesquisas.
Una de las tareas urgentes para superar el estado actual de impunidad es definir los alcances de las responsabilidades de los actores que participan en la desaparición -especialmente cuando están involucrados policías o funcionarios públicos-, por acción, planeación, negligencia o complicidad.
No basta entonces reconocer la existencia de desaparecidos y burocratizar la atención a las familias víctimas; hay que darle un giro a la lucha en pro de los ausentes trabajando en la recuperación de la honra y la relatoría de biografías y nombres. Urge mantener vigente la denuncia frente a los responsables de las desapariciones y construir espacios para la justicia.
