Alvaro Aragón Ayala
Con dinero enviado por el gobernador Rubén Rocha Moya, el alcalde de el Fuerte, Gildardo Leyva Ortega, no tuvo empacho en pagar al ex presidente municipal, José Julián Vega Ruiz, a un sobreprecio con tufo de trácala, un predio de 1.5 hectáreas para la construcción de un edificio para el acuartelamiento de la Guardia Nacional.
Se trata del mismo predio que fue valuado el 25 de agosto del 2020 en 630 mil pesos, y que fue tratado en ese precio por la entonces alcaldesa, Nubia Xitlali Ramos Carbajal, en sesión de cabildo. Al final, Nubia rechazó la compra por considerarlo demasiado caro por ser un terreno de agostadero en el que particular no le había introducido ningún tipo de servicio.
Las 1.5 hectáreas se localizan sobre la carretera Estación Hoyancos-El Fuerte y aparecen en la escritura pública 659 volumen VI del 13 de septiembre del 1996 desincorporado de 9.36 hectáreas del predio “Bagiahui” propiedad del ex presidente municipal, José Julián Vega Ruiz y que el 24 de mayo del 2022 y el 13 de mayo del 2021, fue solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional. La operación se cerró en septiembre del 2022.
Los regidores Sandra Ham Mendívil y Jairo Samuel Leyva Soto se mostraron sorprendidos por la insistencia y la agresividad de Gildardo Leyva por comprar el terreno a ese sobreprecio, pese a que el dinero lo fue enviado por el gobernador Rubén Rocha Moya. Lo más lógico y ético era que el alcalde hubiera cuidado los recursos del gobierno estatal.
La operación de venta-compra y el pago, por supuesto, se basó en el peritaje que levantó el amigo del presidente municipal, Sergio Guillermo Rivera Verduzco, quien tasó el terreno en 2.7 millones de pesos, cuadriplicando su valor comercial. El alcalde “se sacó” de debajo de la manga el argumento de que él había conseguido que José Julián Vega Ruiz redujera el precio del predio a 1.5 millones de pesos, “como oferta”.
La compra del terreno a 1.5 millones de pesos, no a 630 millones que fue su cotización original y rechazada por caro la ex alcaldesa Nubia Xitlali Ramos, sembró la sospecha entre los regidores Sandra Ham y Jairo Samuel Leyva y de la sociedad fortense sobre una “operación oscura” y la posibilidad de una posible ganancia, mochada o “porcentaje”, que pudo ir a parar a los bolsillos del presidente municipal.