Alvaro Aragón Ayala
La Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público siguen sin reconocer los contratos colectivos de trabajo que obligan a las Universidades Públicas Estatales a pagar las “jubilaciones dinámicas” a los universitarios en edad de retiro, que ya están incluidos en la lista de pensionados del IMSS o del ISSSTE, por lo que no contempla para el 2023 agregar a los presupuestos de las instituciones de educación subsidios o recursos para cubrir esta prestación.
De hecho, el gobierno federal nunca ha sumado dineros a los presupuestos anuales de las universidades para el pago de la llamada “jubilación dinámica” o “jubilación universitaria” por no considerar a las instituciones entes para cubrir este tipo de beneficios de retiro laboral y porque los universitarios no cotizan para recibir esta prestación y sí aportan al IMSS o el ISSSTE para gozar de sus pensiones.
Durante varios años, el gobierno federal auxilió con recursos, a través del Fondo para la Atención de los Problemas Estructurales de las Universidades Públicas, para pagar deudas generadas por insuficiencias de presupuesto y para cubrir el “déficit financiero” provocados por los montos de las “jubilaciones dinámicas”. Dicho Fondo desapareció con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Para la SEP y la SEPyC, por ley las Universidades no tienen la obligación ni tiene la facultad de pensionar; en sí, forzosamente, las instituciones de enseñanza superior deben de cotizar al Seguro Social o al ISSSTE, e inmediatamente cuando un trabajador termina su relación laboral debe irse pensionado por cualquiera de esas dos instituciones, sin embargo, algunas universidades pagan una doble jubilación: la “jubilación dinámica”.
Desde diciembre el 2018, la Secretaría de Educación Pública ha dado seguimiento y revisión permanente a las causas que dan origen a los endeudamientos y déficit de algunas Universidades Públicas Estatales, poniendo especial atención en las “jubilaciones dinámicas” consideradas como uno de los graves problemas estructurales de las Universidades Públicas Estatales.
En el 2019 se integró un Comité Técnico con personal de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior A.C. (AMOCVIES) la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU-SEP) y expertos en educación superior.
Este Comité se reunió con la autoridad de cada una de las universidades con contratos colectivos que las obligan a pagar la “doble jubilación” y realizó de manera conjunta un diagnóstico integral y detallado sobre su situación financiera, el cual permitió identificar las causas particulares que provocaron en cada institución una situación crítica.
El comité identificó como una de las causas más graves que generan el colapso económico de las Universidades Públicas Estatales el peso de sus sistemas de pensiones y jubilaciones, pues en la mayoría de los casos carecen del soporte de las contribuciones de la plantilla laboral en activo y de los jubilados que gozan de dos pensiones, una otorgada por el IMSS o el ISSSTE y otra por la Universidad en la que laboraban.
Los especialistas de la ANUIES, AMOCVIES y la DGESU-SEP y expertos en educación superior, detectaron la ausencia de financiamiento para pagar esas “jubilaciones dinámicas”, pero ni el 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, el gobierno federal no aumentó el presupuesto específicamente para el pago de las “jubilaciones dinámicas” y no existe, para el 2023, ningún proyecto para dotar de subsidios a las Universidades Públicas Estatales a fin de que puedan cumplir con este compromiso con los trabajadores en retiro.
