Richard Lizárraga Peiro.
El abogado general de la Universidad Autónoma de Sinaloa aseguró que no están quedando a deber en el tema de transparencia, destacando que la institución ha tenido 33 auditorías tanto federales como estatales
Fue Rubén Rocha Moya, en función de rector de la UAS, durante el periodo 1993-1997 cuando había pactado con el sindicato de la Universidad Autónoma de Sinaloa un Contrato Colectivo para que los trabajadores no pagarán impuestos, lo que fue acumulando un adeudo hasta nuestros días que frisa en los 2 mil millones de pesos con el SAT.
La revelación fue hecha en el programa Línea Directa por el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, quien señaló que el discurso que se viene manejando de manera reiterada en torno al adeudo de la UAS tiene origen en la administración rectoral de Rubén Rocha.
“Este problema lo tuvo que afrontar el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, hasta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le dijo que sí tenía que pagarlos”, dijo Lizárraga Otero.
“Cuando el hoy Gobernador estaba al frente de la universidad firmó algunas de las cláusulas del Contrato Colectivo que son sumamente leoninas y perjudiciales; una de ellas fue haber pactado que no se pagara impuestos”, expresó.
Lizárraga Otero, aseguró que la UAS no está quedando a deber en el tema de transparencia, destacando que se han tenido 33 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la Federación, donde apuntó que cada año se audita a la UAS desde hace más de 15 años.
Indicó que el conflicto que ha generado la nueva Ley de Educación Superior llegará hasta donde tenga que llegar, reiterando lo que ya había anticipado el rector, que se van a ir por vías legales y políticas.
Agregó que actualmente se está en una labor de socializar el tema, destacando que es importante que la comunidad universitaria dimensione bien las implicaciones del “atraco”, pues lo calificó de lesivo para la autonomía universitaria y eso genera la iniciativa de socializar y en algún momento movilizar a la gente.
Especificó que en lo que no están de acuerdo y será uno de los puntos que llevarán ante el juez, es el tema de la consulta, aclarando que no están en contra de la misma, pero abundó que donde se especifica que toda consulta tendrá que ser organizada por el Congreso, pues enfatizó que esa es una de las partes a considerar como intromisión a la autonomía universitaria.
“Claro que no, las instituciones tienen que evolucionar y cambiar, pero lo que dice la Constitución es que esa evolución surja de la propia universidad, no que venga un ente de gobierno que al rato venga a imponernos los programas, las clases que tengamos que decir, la historia que tengamos que contar”, dijo.
