Leonardo Kourchenko.
Los mexicanos hemos tenido por casi cinco años a un presidente de la República que viola la ley sistemáticamente, más aún, que instruye a sus colaboradores a hacerlo sin recato ni prurito alguno.
Nos acostumbramos. Resulta parte de la degradación democrática de México, que el presidente atropelle el Estado de derecho, de por sí débil y frágil en este país.
Lo vemos en los gobernadores que imitan sus actos intimidatorios, su presión irreverente sobre las fiscalías —pseudoindependientes— sobre medios, críticos y opositores.
Ha sido tan habitual y frecuente, que se convirtió en una costumbre de la vida política nacional contemporánea.
Por eso resultada casi obvio que sus aspirantes a sucesión al interior de Morena y sus aliados, no tengan empacho alguno en reproducir la conducta ilegal.
Los acuerdos de Morena del pasado domingo en torno a las reglas que conforman su proceso sucesorio, especialmente en materia de calendario, fechas, recorridos por el país, fondos y presupuestos oscuros de origen inconfesable, son todos violatorios de la ley electoral.
A ninguno le importa. Ninguno tiene la mesura racional de poner un alto y decir que es incorrecto. Todos marchan al tono que marca el caudillo, el más ilegal de todos los presidentes —y se llamaba legítimo— ¿se acuerda?
La ley establece que los aspirantes al interior de cada fuerza política buscarán su registro interno durante la tercera semana de noviembre, habrá procesos al interior de los partidos —decididos por ellos mismos— para elegir candidatos formales hacia el mes de enero-febrero de 2024.
Morena estableció un mecanismo de registro de aspirantes con fecha del 16 de junio (2023), casi 75 días para recorrer el país en actos anticipados de campaña —penado y castigado por la ley—, realizar encuestas durante el 3, 4 y 5 de septiembre para anunciar formalmente a su candidato —con otro nombre— el 6 de septiembre.
Es un timo rotundo, un engaño, una violación flagrante a la ley que representará un reto mayúsculo para las autoridades electorales: INE y Tribunal Electoral.
Dice la ley que si las sanciones aplicadas son ignoradas y las conductas presentan reincidencia, se podría llegar hasta la “inhabilitación” de candidatos para contender en comicios. ¿Se imagina usted? ¿Decirle a Ebrard, a Sheinbaum o a quien sea, que no pueden participar porque violaron la ley? Tendría consecuencias nucleares —citando al clásico—.
El tema, delicado y complejo, fue abordado hace un par de días en el encuentro en Palacio Nacional entre el presidente y los consejeros del INE.
Ya conocemos parte de esos diálogos. AMLO niega que sean actos anticipados de campaña, y que sean precandidatos, sino “aspirantes a coordinadores de la defensa de la 4T”. Otro timo supremo.
Con cambiarle el título no engañan a la ciudadanía ni a la autoridad.
Cuando Ebrard responde en entrevista pública respecto a los dineros para financiar sus recorridos, señala que le solicitó a Mario Delgado en Morena que fije un fondo idéntico para cada aspirante.
Delgado responde que “es imposible porque si Morena financia, parecerían actos anticipados de campaña e incurriríamos en faltas frente el INE”. Kafkiano, ¿no le parece?
Es decir, sí lo hacemos, pero lo disfrazamos, cubrimos las apariencias, cambiamos los nombres y pretendemos engañar al país entero. Y Andrés Manuel se atreve a llamar hipócritas a los ministros de la Corte, a los que, de forma vulgar, antiética y por encima de toda atribución, les llama por teléfono para “convencerlos” de que voten a su favor en la militarización de la Guardia Nacional. El hipócrita mayor.
Y entonces ¿de dónde van a salir los fondos para hacer actos de proselitismo político en todo el país? Si el partido, su movimiento dice que no, ¿quién financia? ¿Los gobernadores? ¿La Presidencia? ¿La Secretaría de Hacienda? Otro acto ilegal, puesto que está prohibido financiar con dineros de dependencias públicas ningún acto partidista.
Regresamos al origen.
Una fuerza política que promete limpiar los excesos, abusos, actos de corrupción de quienes gobernaron en el pasado, sólo para instalarse en el poder y multiplicar esos mismos actos nocivos que prometieron eliminar.
En las próximas 10 semanas seremos testigos en todo el país, de actos ilegales de proselitismo partidista, auspiciados por el propio presidente de la República. Marcelo, Claudia, Adán, Ricardo, Velasco y Noroña, gastarán más o menos —ya se lo recriminarán entre ellos— para desplegar sus talentos y simpatías frente a miles de mexicanos.
Todo lo que usted vea, es ilegal. A nadie le importa. Ya nos acostumbramos.
La única esperanza son el INE y el Tribunal, que tendrán que asumir su función constitucional y ejercer su autoridad. Lo que pase después, está por verse.
Serán los trenes del lánguido Estado de derecho en ruta de colisión con el gobierno y su partido, quienes están decididos a tomar el control del país, sin contrapesos, sin equilibrios, y si es necesario, con una democracia maltrecha y abollada.
