Álvaro Aragón Ayala.
Tope en lo que tope, el gobernador Rubén Rocha Moya sigue protegiendo y girando instrucciones al juez espurio Adán Alberto Salazar Gastélum ya que le es muy necesario para que criminalice a Jesús Madueña Molina y al Comité de Adquisiciones de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La orden dada es que dicte más vinculaciones a proceso y decrete la destitución del Rector, aun cuando sabe que incurrirá en prevaricaciones al legitimar los montajes legaloides que se han enderezado de manera perversa contra los funcionarios de la Casa Rosalina.
El Juez de Control Adán Alberto Salazar es ilegítimo y dicta resoluciones al margen de la ley toda vez que está impedido legalmente para ser funcionario del Supremo Tribunal de Justicia o servidor público ya que por casi una década fungió, a la vez, como ministro de Culto Religioso, violando la Constitución General de la República, la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público y el Código Penal. No obstante, se le sostiene en el cargo de Juez porque obedece a pie juntillas las indicaciones del gobernador.
Hasta donde se sabe, Rubén Rocha Moya ha sostenido varias reuniones con el Juez de Control a las cuales se ha sumado el expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez. En los encuentros Rocha le ha ordenado a Adán Alberto Salazar Gastélum que encarcele a Jesús Madueña Molina, al ex Rector Juan Eulogio Guerra Liera, a los miembros del Comité de Adquisiciones, al exabogado general de la Universidad, Robespierre Lizárraga Otero, y a Héctor Melesio Cuén Díaz, hijo del presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
El gobernador de Sinaloa emprendió una despiadada guerra sucia, cochina, contra funcionarios de la UAS porque rechazaron aplicar la Ley de Educación Superior del Estado por considerarla violatoria a la autonomía universitaria. Por medio de esa ley Rubén Rocha tenía programado apoderarse del control político y administrativo de la UAS. Al “tronarle” ese plan ordenó al Congreso Local, la Auditoría Superior del Estado, al SATES, a la UIPES y a la Fiscalía de Justicia, inventarles delitos a los universitarios, criminalizarlos y lincharlos públicamente. Es el propio mandatario estatal quien dirige el proyecto gubernamental de destrucción de la máxima casa de estudios de Sinaloa.
Es ahí, pues, en el proceso de criminalización del plan rochista, en donde figura como pieza clave el espurio Juez de Control Adán Alberto Salazar Gastélum, cuyo desempeño ilegal y su impacto jurídico es analizado por los magistrados del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito para decidir si es turnado o no a la Fiscalía General de la República por ejercicio indebido de la función pública y la comisión de otros delitos graves.
El juez de Rocha, Adán Alberto Salazar, sobresale como acusado en el juicio de amparo indirecto 1191/2022 que le fue concedido al ex alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien lo acusó de haberlo vinculado a proceso “de manera arbitraria y abusiva obedeciendo órdenes del Poder Ejecutivo Estatal por el supuesto delito de desempeño irregular de la función pública”.
El ex presidente municipal, despuesto del cargo a raíz de una conspiración política orquestada por el gobernador Rubén Rocha, solicitó al Tribunal Colegiado en Materia Penal que confirme la sentencia de amparo a su favor y se decrete la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado por el juez de Control Adán Alberto Salazar Gastélum por considerar que no está facultado para desempeñarse como servidor público.
Además, pidió al Tribunal Federal que se de vista con la sentencia a la Fiscalía General de la República, en específico del caso del Juez Adán Alberto Salazar, por conducto del Ministerio Público de la Federación por violaciones a los artículos 130 de la Constitución General de la República, el 12 y 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público y el 13 y 225 del Código Penal Federal.
Descaradamente, Adán Alberto Salazar viene fungiendo simultáneamente como ministro de culto y Juez de Control, y pese a que renunció a sus cargos en la Iglesia Evangélica continúa desempeñándose de manera irregular como funcionario del Supremo Tribunal de Justicia ya que se erigió en ministro de culto en funciones de Juez y obtuvo una constancia de laicidad en un plazo fuera de la ley.
Estos son los datos:
1.-la Iglesia Evangélica Manantial de Vida (o Cristiana) cumplió con los requisitos para funcionar como asociación religiosa y su registro y reglamento apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de Agosto del 2013 (REG.NUM.SGAR/3796/2013).
2.- En el registro de la SEGOB aparece el Juez Adán Alberto Salazar como fundador, socio, secretario y tesorero de la Iglesia Cristiana Manantial de Vida. En el 2013, ya era Juez de Control, así que con ese cargo entró en funciones de ministro de la Iglesia, violando por partida doble la ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
3.- Según el oficio SEGOB_UT/02126/2023 Adán Alberto Salazar Gastélum aparece en los registros de esa asociación religiosa con las calidades de ministro de culto y secretario, causando baja el 9 de abril del 2021 como ministro de culto (AR-02-R/1493/2021).Su renuncia al cargo de ministro religioso ocurrió hace dos años con 6 meses, no tres como lo marca la Ley de Asociaciones Religiosas y de Culto Público.
El artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos atendiendo el principio histórico de la separación del Estado y las Iglesias, establece que la ley reglamentaria respectiva concretará la siguiente disposición: inciso C). – “…los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos”.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 14 dispone que los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto no podrán desempeñar cargos públicos superiores, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio (…) cuando menos tres años antes del día de la aceptación del cargo respectivo.
Adán Alberto Salazar ya era Juez cuando tomó la determinación, a motu proprio, de convertirse, el 6 de agosto del 2013, en ministro de culto. Violó entonces la constitución y la sigue trasgrediendo flagrantemente protegido por el gobernador Rubén Rocha Moya y el Supremo Tribunal de Justicia de Sinaloa. En funciones de Juez ha influido en la vida de decenas de exonerados, condenados y encarcelados y de quienes les ha dictado órdenes de aprehensión.
