Ernesto Hernández Norzagaray.
Nunca un Gobernador, ni siquiera Antonio Toledo Corro, quien, en 1982, trató de quitar las escuelas preparatorias y parte del presupuesto a la UAS, había intentado ir tan lejos en sus pretensiones absolutistas y de control.
A la armonización en Sinaloa de La Ley de Educación Superior del Estado con Ley General de Educación Superior la mayoría de los diputados han realizado añadidos inconstitucionales para alcanzar objetivos políticos.
Más, precisamente, si quedan firmes, se violentaría por la vía legislativa la autonomía universitaria de TODAS las universidades públicas del estado, las existentes y las que se puedan crear en el futuro.
El artículo tercero de la nueva Ley de Educación Superior del Estado expresamente otorga poderes extraordinarios al Congreso del Estado cuando señala: “toda consulta para modificar las leyes orgánicas a que se refiere este artículo será convocada y organizada por el Congreso del Estado conforme a los parámetros, lineamientos y metodología que este considere pertinente, el cual podrá solicitar el auxilio de la autoridad universitaria en la organización de la consulta, con pleno respeto a su autonomía”.
Mejor aún, el cuarto párrafo del artículo 3°, dispone que: el Congreso del Estado podrá solicitar “la comparecencia de las y los titulares de las instituciones de educación superior con autonomía constitucional o legal para que informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una Ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o al ejercicio del gasto público de los recursos estatales o para que respondan a interpelaciones o preguntas (los subrayados son del autor de este artículo).
Es decir, el Congreso del Estado ha hecho una mala indebida armonización ya que, en lo sucesivo, si no se echa abajo la reforma constitucional, acabaría con el autogobierno, la autonomía, y el que mande en las universidades del estado y, como el legislativo es una institución controlada, sería el Gobernador Rocha Moya quien decida en materia de presupuesto, rendición de cuentas y mecanismos de elección en las universidades públicas sinaloenses.
Nunca un Gobernador, ni siquiera Antonio Toledo Corro, quien, en 1982, trató de quitar las escuelas preparatorias y parte del presupuesto a la UAS, había intentado ir tan lejos en sus pretensiones absolutistas y de control.
Lo paradójico es que quien ahora lo hace es un exrector, que fue parte de esa generación rebelde de universitarios que organizada alrededor del desaparecido PCM defendió en la calle y en las plazas públicas, la autonomía e integridad de la UAS y al final la Universidad conservó las escuelas preparatorias, es decir, derrotó a Toledo Corro.
Se ha dicho que esta decisión del Gobernador no está pensada para TODAS las universidades, que tiene dedicatoria para el grupo político de la UAS que cuenta como dirigente al exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien es hoy el líder moral del Partido Sinaloense, un instituto político con presencia estratégica en la casa rosalina, pues nació prácticamente en la UAS y de ahí, hacia fuera.
El diario Noroeste recientemente realizó una investigación periodística acuciosa y al cruzar la nómina universitaria con el padrón electoral encontró los siguientes datos sobre este partido creado en 2012:
“El Partido Sinaloense logró afiliar como militantes al 61 por ciento de los registros de nómina de la UAS… En su acta de registro consta que el Partido Sinaloense fue aprobado por el Instituto Estatal Electoral con un total de 38 mil 246 afiliaciones individuales válidas y de esas, el 8.85 por ciento correspondía a 3 mil 385 registros de nómina de la UAS… y ha logrado afiliar a una tasa promedio de casi 500 empleados de la UAS por año, siendo 2017 el año con el mayor registro de militantes con mil 208, seguido de 2020 con 894 y 2019 con 857… el Partido Sinaloense de acuerdo con su página web cuenta con 140 mil afiliados, de los cuales el 5 por ciento son colaboradores de la universidad”).
Son cifras a primera vista contundentes que ameritan una investigación a fondo por ejemplo saber el año de ingreso de esos militantes en la UAS y al PAS, si sus promociones en el escalafón laboral son políticas o académicas, si hay violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo y, más, en general, a que actividad se dedica el 95 por ciento de la militancia que no tiene ninguna relación laboral con la UAS.
Pero, vayamos a la dimensión política, con 140 mil afiliados en los 20 municipios del estado estamos ante una estructura electoral que no tiene el resto de los partidos -incluido Morena- lo que significaba un atractivo para las alianzas electorales. El candidato Rocha Moya buscó esa alianza para su campaña para Gobernador de 2021 y la pactó con Cuén Ojeda. Ganaron al 2×1 frente a la coalición Va por México. El PAS, alcanzó posiciones en la administración pública entre ellas dos secretarias de Estado una, la de Salud, fue para Cuén Ojeda.
A los seis meses viene la ruptura y son despedidos los pasistas del Gobierno. Cuén Ojeda teje una alianza política con Adán Augusto López Hernández y se convierte en su principal promotor en el estado. No le gustó al Gobernador y terminara por destruirla. Y empieza el golpeteo a través del líder del Congreso del Estado: Feliciano Castro, quien dirige sus ataques contra Jesús Madueña, Rector de la UAS.
Y más tarde, el Gobernador hace lo suyo, contra Cuén Ojeda. Se genera así una atmósfera de confrontación teniendo en el centro a la UAS. Viene la armonización constitucional que es a mi juicio inconstitucional, y la Universidad, prepara un plan de acción de defensa de la autonomía que es el que está en marcha. La Universidad se ampara y un Juez le concede ipso facto una suspensión provisional.
En suma, lo que tenemos en Sinaloa es la confrontación de los dos políticos más poderosos del estado, donde por un lado, Rocha Moya está en la tarea de la captura de instituciones para en su imaginario tener el control absoluto del estado y, de esa forma, reducir la crítica a su gestión que tiene pocos resultados y están marcados por la opacidad y Cuén Ojeda, está en lo suyo, buscando proteger su bastión más importante y caminar hacia las elecciones concurrentes de 2024 y estar fuerte en la boleta electoral como candidato a Gobernador en 2027.
Lo malo es que en esta disputa podría estar en juego la estabilidad de la Universidad y la gobernabilidad del estado, sobre todo si su objetivo es destituir al Rector para poner a uno de sus incondicionales y convertirse de esa manera en el soberano estatal.
Aprovecho, finalmente, para decir que en ese ánimo absolutista la crítica no es bien recibida y los ataques del Gobernador contra la prensa es el pan de cada día como lo ha documentado Artículo 19 y, así, quien esto escribe fue objeto de calumnias desde la tribuna estatal mismas que el “salvador de la UAS” no pudo acreditar y ante la presión de una carta pública donde lo conminó a acreditar sus calumnias:
