Alvaro Aragón Ayala.
Para que exista una persecución política tienen que existir actores que se esfuercen en que sus decisiones y acciones permanecen en secreto, ajenas al escrutinio de la sociedad y de la opinión pública. El “Caso Cuén” encaja perfectamente en la teoría de la persecución y del acoso político-gubernamental con el agregado de la criminalización y la siembra del odio contra él y su familia, dejándolo expuesto, indefenso, ante un virtual secuestro o un atentado criminal.
En el complot armado contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex Rector de la UAS y fundador del Partido Sinaloense, el gobierno y sus voceros ya lo juzgaron y lo sentenciaron violando la presunción de inocencia y el debido proceso. Ya se le satanizó desplegando contra él y su familia una furiosa campaña de linchamiento público, político y social. Se adelantaron y se pasaron por el arco del triunfo los preceptos legales requeridos para sostener un proceso penal apegado a derecho.
Para definir entonces el riesgo en que fue colocado Cuén Ojeda, a quien la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa, intenta fabricarle, por consigna gubernamental, el delito de “enriquecimiento ilícito”, es justo y preciso interpretar el artículo/columna de Jaziel Trasviña, Osorio, titulado “ESCALA PERSECUCIÓN” (Ver https://universitario.mx/?p=1739 en el que precisa que la persecución es un delito de lesa humanidad.
Osorio escribió: “La historia es conocida: “en la Navidad de 1170, en su castillo de Normandía, el rey Enrique II, furioso por las excomuniones dictadas por el arzobispo Thomas Becket en contra de varios obispos leales a él, exclamó: “¿No hay nadie que me libre de este fastidioso cura?”. Tras escucharlo, cuatro nobles viajaron a Canterbury y asesinaron a Becket. Cuando estalló el escándalo, el rey insistió en que nunca había dado la orden, que todo había sido un malentendido”.
Sobre Cuén Ojeda se han abalanzado con furia diputados locales, activistas de Morena y funcionarios estatales -incluso de la Fiscalía General de Justicia- y un grupo de amanuenses encargados de criminalizarlo públicamente, buscando que su cabeza ruede, endilgándole ya, fuera de la ley y el derecho, el delito de “enriquecimiento inexplicable”, el cual hasta ahora solo existe en los cerebros de lo que sin duda ya urdieron otra de sus tramas perversas que intentan ocultar repitiendo sin cesar que no hay ninguna persecución y que no existe ningún complot contra el fundador del PAS.
En la Fiscalía General de Justicia no existe todavía la correspondiente carpeta de investigación en relación a la acusación que se le imputa a Cuén Ojeda y a miembros de su familia porque la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica carece de atribuciones para integrarla. La UIPES no realiza funciones de Ministerio Público ya que sólo es un órgano técnico auxiliar de la propia Fiscalía General del Estado. Eso sí, la Unidad trata de armar un expediente a modo para poder presentar una denuncia penal ante el MP/Fiscalía para que sea esa dependencia la que proceda a integrar una carpeta de investigación o la averiguación previa. O sea, un “expediente” ad hoc.
En síntesis, en el “caso Cuén”, jurídicamente no hay culpables, pero mediáticamente sí y son los fabricados por la campaña “informativa” y de “análisis”. Por consigna, las “bocas de ganso” difunden la comisión de un supuesto delito no comprobado, pero que en algunos medios impresos y plataformas digitales ya dan como un hecho atentando contra el rigor periodístico o el profesionalismo a la hora de informar u opinar.
Nicolás Maquiavelo afirmó que es necesario ser muy prudente y tener mucha suerte para que, al preparar la conjura, no se descubra, ya que puede ser descubierta por delación o por conjetura. La delación, cuando los hombres a los que comunicas tus propósitos son poco fiables o pocos prudentes; por imprudencia, cuando un conjurado habla de ello con poca cautela, y un siervo o una tercera persona escucha todo. Por las evidencias, por el tratamiento “político” y el linchamiento público contra Cuén Ojeda, es justo ubicarlo entonces en la categoría de perseguido político.
