CAMPUS
Jaziel Trasviña Osorio.
Es evidente que el gobierno estatal que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya ha perdido el rumbo y naufraga a la deriva entre una ola de violencia e ingobernabilidad y un creciente descontento social; el ejercicio del poder por sus características intrínsecas tiende a desgastar a quien lo ostenta, pero parece muy temprano para que el mandatario y su gobierno enfrenten este tipo de situaciones.
Esta alarmante realidad tuvo su cenit el día de ayer en la manifestación que organizaron las asociaciones de productores agrícolas y que reclaman al gobierno estatal los precios de garantía para los miles de toneladas de maíz y trigo de este ciclo de siembra; la situación escaló momentos álgidos cuando el ejecutivo salió a tratar de dialogar con los manifestantes y fue abucheado e interpelado continuamente por los enardecidos agricultores.
Cierto maestro de la carrera de ciencia política planteaba a sus alumnos de la materia teoría política, un escenario en donde una marcha se dirigía hacia el gobernante y ellos como politólogos debían de lograr que los manifestantes no pudieran estar frente a frente con el político en cuestión; algunos respondían que se podía contener con el diálogo, otros más atrevidos aseguraban que comprando a los líderes y no faltó quien propuso la represión y la contención por la vía de la fuerza; ante la interrogante de los alumnos de cual era la respuesta correcta, el maestro sorprendió diciendo: todas son correctas siempre y cuando logren el objetivo de no poner a su jefe en la situación de tener que enfrentar él solo la situación.
Sin duda alguna que los “operadores políticos” del gobernador le han provocado más problemas que soluciones y le han abierto diversos frentes de lucha que a la vista de todos resultan innecesarios, veamos:
En el conflicto con los agricultores los enviados del gobierno para dar solución al problema fueron el gris e intrascendente secretario de agricultura Jaime Montes y el diputado “bichi” Serapio Vargas, ambos carecen de las tablas para enfrentar un conflicto de esta magnitud y el último en mención avivo el fuego cuando fue filmado en una reunión con los productores agrícolas diciéndoles rajones y que valían verg…
Otra situación alarmante es la ola de violencia, levantones y asesinatos que asola la entidad, los escándalos de complicidad entre el gobierno y los grupos delictivos ya alcanzó cobertura internacional y autoridades del gobierno de estados unidos tienen puesta la mira en funcionarios que repetidamente aparecen en sus investigaciones.
Desde la secretaría de la mujer la ex perredista, ex malovista y ahora morenista Tere Guerra es una espectadora más de la ola de feminicidios en el estado, pero sobre todo en la localidad de Juan José Ríos en donde las mujeres jornaleras y sus hijos viven en condiciones inhumanas sin contar con lo mínimo para subsistir, situación que orilló a una jornalera a literalmente asesinar y semi enterrar a su hija por la desesperación del hambre y no poder brindarle algo para sobrevivir.
En la fiscalia general del estado la fiscal Sara Bruna Quiñonez también genera un ambiente de sospechosismo y del uso irregular de las instituciones para “fabricar” expedientes y carpetas de investigación para adversarios y solapar reales actividades ilegales a los “amigos”, se ha convertido la fiscalía en una especie de inquisición que filtra información a los medios sobre diligencias en proceso o incluso cuando no existe denuncia alguna.
Uno de los frentes que sin sentido abrió este gobierno fue el conflicto con la universidad autónoma de Sinaloa, el gobernador confió en sus operadores en el congreso como lo son el diputado Feliciano Castro y Juan Manuel Luque, pero este pleito le cuesta cada vez más al ejecutivo; los amparos otorgados a la UAS por parte de jueces federales, la actitud intimidatoria de la ASE y la persecución política al rector de la máxima casa de estudios retratan de cuerpo entero a este gobierno y lo evidencian como un régimen intransigente, represor y desconocedor de las leyes.
Lo más delicado de la situación es la precepción social de que este es un gobierno de corajes, venganzas y arranques intempestivos, el encargado de la estabilidad política de la entidad el secretario general de gobierno Enrique Inzunza Cázares no ha sabido ser un interlocutor entre los diversos sectores y el ejecutivo estatal, la principal función de esta dependencia es la de ser un solucionador de problemas, operar y allanar el camino para que el gobernador transite en la tranquilidad y gobernabilidad y pueda así poner en marcha el plan estatal de gobierno; por el contrario, Inzunza Cázares ha entablado pleitos intestinos con miembros del mismo gabinete pero sobre todo con fuerzas vivas en el estado que solo ocasionan conflicto y dolores de cabeza al inquilino del tercer piso.
¿Logrará el gobernador Rubén Rocha Moya retomar las riendas y el control de su gobierno o permitirá que sus “operadores” lo sigan inmiscuyendo en conflictos que en nada abonan al buen desempeño, pero sobre todo a la aceptación de su ejercicio público?
¿Se impondrá la sapiencia y la mesura en las siguientes acciones del mandatario o serán los arrebatos y los actos viscerales los que dicten su comportamiento? Veremos…
