Alfonso Carlos Ontiveros Salas.
Creí cuando se desarrolló el proceso de elección para la titularidad de la Fiscalía General que el mecanismo sería transparente y apegado a la credibilidad social. Fue un nuevo intento fallido, lo reconozco.
No titubeé en sumarme junto a otros aspirantes a sabiendas que la decisión ya estaba tomada de mucho tiempo atrás, desde que la actual titular decidió jubilarse como Juez de Control del Poder Judicial del Estado para tener plena libertad en su participación de aspirante y después en el ejercicio de su futura responsabilidad pública.
No era descartable la elección en la persona de la actual titular. Sin embargo, era un hecho cierto de que carecía y carece de la experiencia para manejar las redes de complicidad que todavía se dan al interior y la obediencia ciega de quien ejerce el control real de la dirección de la dependencia.
Como ciudadano y como Abogado aspirante a su posición, le expresé mi voto de confianza por la gran responsabilidad que adquiría.
La conocí años atrás y por ese comportamiento personal, profesional y familiar, le concedí ese voto de que sabría cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Hoy no puedo opinar igual de su comportamiento como servidora pública.
Inducir a la presentación de la denuncia penal es un acto inmoral. Se ha filtrado y se sigue filtrando información que se supone debe ser confidencial en este País y en cualquier otro en donde exista el respeto a los derechos humanos y a la garantía de la reserva de los datos personales. La consigna es apartarse de cualquier forma del respeto a la legalidad.
Se utiliza, porque es la presunción que se tiene la “información” de una empresa periodística por la necesidad de recibir los pagos necesarios para cubrir las deudas que enfrenta ante la autoridad fiscal federal, el SAT. Le urge financiarse.
Así se puede entender por sus páginas plagadas de “información” que presumiblemente se le conceden de la Fiscalía Estatal.
La “información” que difunde esa empresa periodística casualmente es el fundamento para presentar las denuncias penales en contra del Rector y de otros funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Información periodística que es el pretexto para que la pomposamente llamada Unidad de Inteligencia Financiera y Patrimonial del Estado de Sinaloa (UIPES) dependiente de la Fiscalía Estatal se atreva a realizar investigaciones sin que medie denuncia y/o querella u otro requisito equivalente, por supuesto enriquecimiento ilícito contra el Rector y diversos funcionarios de la Casa Rosalina, cuando bien saben que no tienen competencia para investigar ese delito y menos por el periodo que lo pretenden.
Aparece ahora una nueva denuncia penal ante la propia Fiscalía, utilizando burdamente a un trabajador de la Universidad y aun cuando son asuntos reservados en teoría, se permite la difusión “casualmente” por el mismo medio periodístico que manipulando sin importar las violaciones a los derechos humanos de los denunciados y a la reserva de sus datos personales. Violando, pues la presunción de inocencia y el debido proceso.
Pero un hecho insólito que desenmascara la perversidad, a la Universidad Autónoma de Sinaloa no se le ha recibido la denuncia penal contra servidores públicos, teniendo que recurrir a fedatario público y a la autoridad judicial para que le ordene a la Fiscalía que se le reciba a la Universidad la mencionada denuncia. La otra parte, la protegida por el gobierno, no encuentra ninguna traba. Ese es nuestro sistema de procuración de justicia en Sinaloa.
El respeto a la legalidad no comulga con las autoridades estatales, la provocación y la persecución política es sistemática y recurrente. Se pagan sumas millonarias para difundir a través de los medios informativos cómplices del gobierno para que repitan continuamente el discurso de que la Universidad no permite la revisión de sus cuentas por la Auditoría Superior del Estado, cuando saben bien que esa negativa solo existe en los medios periodísticos pagados por el gobierno y de las propias autoridades gubernamentales, porque la UAS es auditada y se está auditando por la instancia que será la única que intervenga en la revisión de su gasto. La Auditoría Superior de la Federación.
Sin embargo, ninguna denuncia penal será suficiente para intimidar y detener la defensa jurídica y política de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de su autonomía y de su régimen de gobierno.
La Fiscalía General deberá enfrentar las consecuencias de sus actos. La ilegalidad se castiga, aun cuando la denuncia se tenga que presentar ante sus mismos protectores de la ilegalidad. Las circunstancias responderán.
La UAS no se toca, la autonomía universitaria se respeta.
¿Usted qué opina?
