Alfonso Carlos Ontiveros Salas.
En el caso del asesinato del líder comunero Atilano Román Tirado ha sido un hecho que la Fiscalía General de Justicia tiene un crédito pendiente con la sociedad sinaloense y con los representados por Atilano Román afectados por la construcción de la Presa Picachos, quien fue asesinado ¿Cuál es el estado que guarda la investigación que debe tener actualizada la Fiscalía estatal en un hecho que conmocionó a la sociedad sinaloense particularmente la del sur de Sinaloa? El homicidio involucró a Feliciano Castro.
Esa persona fue investida como diputado local y nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, por instrucciones de su amigo el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya. El gobernador ha sido el protector político de Feliciano Castro por las posiciones de poder político que ha asumido antes y después de ocurrido el homicidio que impactó de manera horrenda a los afectados de la Presa Picachos por la forma de como fue asesinado en una cabina de radio de un periódico muy conocido en la ciudad y puerto de Mazatlán, Sinaloa.
El homicidio fue la forma de silenciar a un dirigente y líder de un grupo que demandaba el pago de las tierras expropiadas a comuneros para la construcción de la Presa Picachos. De 250 millones de pesos destinados para el pago de las afectaciones de la Presa, fueron sustraídos o sea que se perdieron o se robaron algunos cheques que amparaban alrededor de 40 millones de pesos. Previo a la fecha del homicidio, Feliciano Castro había sido involucrado en una denuncia penal ante la Fiscalía estatal, presentada precisamente por Atilano Román ya que había sospechas de que el ahora Diputado pudiera tener responsabilidad en los hechos de la pérdida de dichos cheques.
La Fiscalía estatal, ha hecho caso omiso en continuar con las investigaciones, por un lado, la presencia del Gobernador en la estructura federal desde donde podía ayudar a Feliciano para que no se le diera el trato de delincuente en el homicidio de Octavio Atilano Román Tirado. La investigación, hasta la fecha, sigue durmiendo el sueño de los cómplices ¿Quién se beneficia con ese crimen? El homicidio de Román Tirado es uno de muchos otros que se encuentran sin esclarecer. La impunidad sigue siendo un destello de oscuridad y de complicidades para no esclarecer homicidios que involucren a personajes del gobierno.
No obstante, la secuela de sospechas que carga en sus espaldas el referido Diputado, todavía se atreve a vociferar que los universitarios tienen pendientes que se les revise y se reforme la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa por el Congreso Local. No cabe duda de que el cinismo es lo que los identifica a él y a Sergio Mario Arredondo cuando dicen que la reforma a la Ley Orgánica de la UAS es un pendiente que tiene que cumplirse por la Legislatura de la que ellos forman parte.
La UAS no es la Universidad Autónoma de Occidente. Esta última, permitió que los Diputados allanaran canallescamente esa Institución en la hicieron lo que les vino en gana, privándola de la todavía precaria autonomía de la que gozaba. La autonomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa es un valor esencial e histórico de los uaseños que la defenderán hasta las últimas consecuencias ¿Concluirá esa carpeta de investigación Señora Fiscal para determinar si el ahora Diputado tiene o no responsabilidad penal en el homicidio de Atilano Román? Los afectados de la Presa Picachos todavía esperan respuestas.
