Alvaro Aragón Ayala
La Fiscal General de Justicia, Sara Bruna Quiñonez Estrada, miente con desfachatez a la sociedad sinaloense y en específico al gremio periodístico y la familia de Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista de El Debate asesinado, al afirmar que el crimen del comunicador está resuelto o esclarecido con la sola identificación de dos presuntos homicidas y la liberación de dos órdenes de aprehensión.
El ejercicio de la falacia para sofocar la ira social y la inconformidad de los periodistas de Sinaloa, la presentación pública concretizada de un “asesinato resuelto”, el cometido contra el autor de la columna El Ancla y fundador del espacio digital Fuentes Fidedignas, refleja la incompetencia de la Fiscal y su cuerpo de asesores jurídicos de la dependencia persecutora de delitos.
La versión o la teoría de “crimen esclarecido” de Sara Bruna desecha o contrasta con cualquier investigación policial o ministerial altamente profesional. La identificación de los supuestos asesinos y la liberación de dos órdenes de aprehensión únicamente son parte de una investigación que deberá concretizar la Fiscalía una vez detenidos los sospechosos.
En el caso de Luis Enrique Ramírez los investigadores llegaron a la conclusión que fue un asesinato cometido en grupo, por más de dos personas, dos de las cuales, un hombre y una mujer, están plenamente identificadas. Sobre ellas obran sendas órdenes de aprehensión y se presume que los señalados como criminales salieron de Sinaloa una vez perpetrado el homicidio.
Eso sí. La Fiscalía ya realizó las diligencias para obtener datos de prueba que establecen la probable responsabilidad de dos de los involucrados en el crimen del periodista. Un juez ordenó la captura de los presuntos homicidas. Una vez detenidos, los acusados deberán quedar a disposición del Juez de Control para que se le formule la imputación.
Viene después la fase de la investigación complementaria no incluida en la versión o la “teoría del asesinato resuelto” de la Fiscal Sara Bruna. Esta etapa comprende desde la formulación de la imputación del asesinato y se agotará cuando se haya cerrado la investigación. Durante el tiempo de investigación complementaria se recabarán los medios de prueba que se necesiten para perfeccionar la teoría del caso, datos con los que, en su momento, la Fiscalía sustentará la acusación.
Más precisos: la fase de investigación complementaria inicia una vez que el Juez ordena la vinculación a proceso del imputado o de los imputados y fija las medidas cautelares correspondientes. Al cierre de la Audiencia Inicial el Juez de Control resolverá sobre el plazo del cierre de investigación.
El juicio, la judicialización del caso, en sí, no ha iniciado porque no hay detenidos. Lo que hay son órdenes de aprehensión no ejecutadas o cumplimentadas. El Juez de Control no tiene a nadie vinculado a proceso, por lo tanto, el caso no está ni esclarecido, ni resuelto no terminado, lo que indica que la Fiscal General de Justicia miente con desfachatez para presumir los “avances” en la investigación del asesinato del periodista.
¿Sabrá Sara Bruña Quiñonez que la investigación es la etapa más importante entre las que conforman el sistema penal ya que su realización efectiva y bien dirigida conllevará al éxito en el esclarecimiento de un hecho delictivo? ¿Tendrá conocimiento que de su actuación dependerá si el crimen del comunicador de El Debate se resuelve o queda impune como se han mantenido en la Fiscalía miles de asesinatos?
Si no lo sabe nada tiene que hacer al frente de la Fiscalía General de Justicia. Si lo sabe deberá ser llamada a comparecer ante el Congreso del Estado para que los diputados de la Comisión de Justicia la orienten a conducirse con probidad y veracidad, para que la instruyan a fin de que deje de usar la mentira como vehículo de comunicación con la sociedad y el gremio periodístico. Por lo pronto, la falacia del “crimen resuelto” la exhibe como una funcionaria poco seria y nada creíble.
