Alvaro Aragón Ayala.
El gobierno de Rubén Rocha Moya justifica y apoya el hecho de que la Fiscalía General de Justicia haya armado carpetas de investigación penal contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa a partir de las supuestas “investigaciones periodísticas” difundidas por el periódico Noroeste y otros medios, cuando desde la perspectiva jurídica las publicaciones carecen de valor probatorio en los tribunales judiciales. La versión periodística, por sí misma, no constituye plena prueba de lo que se describe, ni determina la responsabilidad legal de las personas naturales y jurídicas.
Es una perversidad que sea el propio gobierno estatal el que esté pagando millones y millones de pesos para que se estructuren y se difundan esas aparentes “indagatorias periodísticas” con el propósito de deshonrar a las autoridades de la UAS generándoles un ambiente negativo que le permita al rochismo tomar por asalto la Universidad. Es el mismo gobierno el que siembra en los medios las “investigaciones” y “reportajes”, los cuales, el gobernador planeó que la Fiscalía y el Juez de Control los considere pruebas plenas para imputar delitos de carácter penal.
La realidad procesal-judicial aplicable al trámite de las actuaciones judiciales es diferente a la percepción social o la idea que se forjan los lectores, televidentes o escuchas en torno a tal o cual noticia, investigación o reportaje. Lo cierto es que jurídicamente carecen de mérito probatorio suficiente para sustentar las decisiones de los jueces. Es decir: desde el punto de vista procesal y probatorio no tienen ningún valor.
Rubén Rocha Moya sabe bien que los sucesos publicados contra funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa adolecen de grados razonables de veracidad porque fueron construidos mediante historietas inventadas para montarlas sobre facturas para aparentar la comisión de delitos. En todos los casos es imposible determinar a ciencia cierta que sean verdad las publicaciones contra funcionarios de la UAS.
La verdad informativa está limitada a la reconstrucción de la realidad a través del relato periodístico a partir de la narrativa del profesional de la información, quien maneja una valoración personal o por consigna de los “acontecimientos” que publica ajena a la perspectiva jurídica. Así, la veracidad de las publicaciones es diferente de la veracidad procesal que el funcionario judicial tiene que establecer en la actuación, lo cual hace que el material periodístico no sirva para tomar decisiones judiciales.
Lo que se publica para atender contratos de publicidad es mera propaganda desde la perspectiva de la teoría del periodismo, lo cual significa que no tiene validez en el proceso judicial donde las reglas de apreciación y valoración que dispone el juez trascienden de aquella labor de registro mediático. La eficacia probatoria de la “investigación” o “reportaje” no obedece a su publicación masiva en la prensa impresa, la radio y la televisión o las plataformas digitales, sino que depende del estricto cumplimiento de los requisitos legales para la aducción, el decreto, la práctica y contradicción de la prueba.
El gobierno de Rubén Rocha ha pagado millones de pesos a Noroeste y a otros medios de comunicación para que publiquen “investigaciones” y “reportajes” prefabricados contra la UAS para que le sirvan de soporte “legal” a la Fiscalía General de Justicia y al Juez de Control para que imputen delitos a funcionarios universitarios en venganza porque se negaron a cederle el control de la Casa Rosalina. El montaje raya en la conspiración.
Puede suceder, por instancias de la Fiscalía y el propio Juez de Control, que obedecen consignas del gobernador Rubén Rocha Moya, que las versiones difundidas y publicadas por Noroeste y otros medios puedan ser incorporadas como posibles pruebas “documentales” sin embargo, el ser admitidas no implica que el material periodístico constituya el elemento determinante porque, además, las facturas de pago de esas “pruebas periodísticas” anulan de raíz su veracidad.
La publicación periodística es únicamente un indicador de la percepción del hecho por parte de la persona que escribió la noticia o bien, en el caso de Noroeste, prueba la difusión por contrato con el gobierno estatal de sucesos tipo “investigación periodística” o “reportajes” prefabricados por mentes perversas. Imposible, pues, ser tomadas en cuenta como medio probatorio. No dan fe de la veracidad y certidumbre de la información que contienen. Describen más bien una conspiración gubernamental-periodística-judicial contra funcionarios de la UAS.
En el campo del derecho penal, la publicación periodística sobre la posible comisión de un hecho delictivo es probable que pruebe el registro del hecho, pero no constituye el elemento de juicio que determina con certeza la responsabilidad judicial de una persona. Así, las pruebas que sembró Rubén Rocha Moya en Noroeste y otros medios, no sirven, pero el Juez de Control es probable que les conceda valor probatorio violando preceptos Constitucionales y normativas del Derecho Penal.
