Richard Lizárraga Peiro
La elección de los consejeros estatales de Morena provocó inconformidades en la militancia de prácticamente en todo el país. En Sinaloa alcaldes de corte priista ayudados por panistas, “purificados” todos por Morena, acarrearon y afiliaron a su gente para que votaran por sus delegados. Desde el Tercer Piso del gobierno del estado, el secretario del gobernador Rubén Rocha Moya, el expanista Alejandro Higuera Osuna, operó el acarreo y el fraude “interno” de Morena a favor de los alcaldes de Cosalá y Mazatlán.
En una jornada con acusaciones por siembra de boletas en las urnas, acarreo, coacción y compra de votos, la elección interna de Morena fue empañada por priistas y panistas montados en la Cuarta Transformación y por alcaldes con mentalidad caciquil que planean manipular los Consejos Estatales y los Comités Municipales de Morena y que desde ahora tratan de influir en la definición de candidaturas para las elecciones de 2024.
En Sinaloa, las bases de Morena fueron rebasadas por los alcaldes, algunos salidos de las catacumbas del PRI, pero pintados con las siglas color marrón rojo. Los presidentes municipales usaron autobuses y taxis para acarrear a priistas y panistas a las casillas con el propósito de quedarse con el mayor número de delegados.
En colonias y comunidades rurales los alcaldes morenistas compraron a 200 y 500 pesos el voto y repartieron despensas y usaron a los afiliados de los programas del Bienestar, llevándolos a las urnas y diciéndoles por que personajes votar. Presidentes locales fueron elegidos como delegados o bien sus hermanos o compadres o miembros de sus gabinetes.
Desde el Gobierno del Estado, el secretario particular del gobernador, “El Diablo” Alejandro Higuera Osuna, de extracción panista, operó el acarreo de votos en el distrito 6to., en apoyo a la alcaldesa de Cosalá, Carla Corrales y al de Mazatlán, Guillermo -El Químico- Benítez, quienes movilizaron la estructura de los ayuntamientos y repartieron despensas para que votaran por ellos dos.
La jornada significó el apuntalamiento o derrota de los grupos políticos de los gobernadores en turno, quienes según las denuncias, hicieron de lado a dirigentes y militantes del partido y operaron desde los gabinetes estatales o con priistas, expriistas y panistas, como ocurrió en Hidalgo, Chiapas y Oaxaca y en las alcaldías de Sinaloa.
En Hidalgo, la presión hacia alumnos y docentes de la Universidad Autónoma del Estado (UAEH) por el grupo político que comanda Gerardo Sosa Castelán –quien enfrenta en prisión domiciliaria un proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos– logró más de una decena de consejerías del partido.
El Grupo Universidad –o La Sosa Nostra– ya encabeza el Partido del Trabajo (PT) en el estado, pero pretende hacer lo propio con Morena, del que es aliado desde 2018. A la par de la operación política, esta corriente libra una batalla jurídica para descongelar cuentas bancarias con más de 3 mil millones de pesos y que sus líderes sean eximidos de acusaciones penales.
Tras la jornada de votaciones, el clan obtuvo, con base en los resultados preliminares, consejerías para sus principales activos políticos: Salvador Sosa Arrollo, sobrino de Gerardo Sosa; Marivel Solís Barrera, exdiputada federal, y los exdiputados locales Rafael Garnica Alonso y Doralicia Martínez Bautista.
También aparece el exlegislador Humberto Veras Godoy, cuyas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) al ser posiblemente parte del esquema de blanqueo.
Como consejero igualmente estará uno de los principales contratistas de la UAEH: Raymundo Lazcano Mejía, exdiputado local por Morena y dueño de Construmega, SA de CV, empresa que consiguió contratos con recursos federales por 206 millones 874 mil 304 pesos, con la UAEH como su principal cliente, y la cual figura en la investigación que inició la UIF de Santiago Nieto Castillo, presumiblemente por ser favorecida con obra pública a través de contratos amañados.
Roxana Rubio Valdez, presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, declaró que los propios morenistas dejaron al descubierto el fraude, con el acarreo de beneficiarios de programas, la quema de urnas y la compra de votos, demostrando así todo lo que están dispuestos a hacer con tal de mantenerse en el poder.
“Es alarmante y vergonzoso lo que se vivió; solo fue una muestra de lo que pretende hacer Morena en el 2024, el robo de urnas, carruseles, acarreos, compra de votos y todo para obligar a la gente a votar por un candidato oficial”.
Señaló que lo que Morena busca es mantener el poder por el poder, para seguir encubriendo toda la corrupción y el autoritarismo y es por ello que está en contra el árbitro, contra el INE. “Quieren destruir al INE porque No quieren reglas democráticas, no quieren árbitro imparcial, lo único que quieren es imponerse”, dijo.
Con información de Proceso/Noroeste/Espejo
