Pablo Hiriart.
El Ejército mexicano es víctima de una jugarreta política perversa para complacer a la izquierda radical, de cara a las elecciones del próximo año.
Por el caso Ayotzinapa liberan a los asesinos confesos de los normalistas y encarcelan, sin pruebas, a mandos y soldados de nuestro Ejército.
Con la cúpula militar el gobierno morenista queda muy bien al poner generales donde hay posibilidades de negocios grandes, como la Agencia Nacional de Aduanas.
Y al instituto armado se le condena al escarnio público por un crimen abominable que no cometió.
Los altos mandos felices en sus nuevos puestos, mientras se golpea a la institución.
El gobierno federal y sus fiscalías no han sido capaces de decir la verdad sobre el secuestro y asesinato de los normalistas porque les perjudica políticamente.
Y la verdad se halla en la respuesta a una pregunta a la que han hecho mutis nueve años después de los sucesos: ¿cuál fue el móvil del crimen?
El crimen ocurrió por las disputas entre dos bandas rivales del crimen organizado.
Durante la semana conocimos que se concedieron órdenes de aprehensión contra 16 militares por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Entre ellos el comandante del 41º Batallón de Infantería, coronel Rafael Hernández.
¿Quiénes los acusan? Los asesinos.
Y por acusar a militares, los integrantes del cártel criminal Guerreros Unidos obtienen su libertad.
Exonerados los asesinos, encarcelados los soldados y mandos del Ejército.
Si en realidad los comandantes de los batallones 27º y 41º, más soldados bajo su mando, mataron o secuestraron a los normalistas, tienen que ir a la cárcel y pagar por ese terrible delito.
Pero todos –hasta los integrantes de la Fiscalía– sabemos que no fue así.
Y sabemos también que los autores materiales e intelectuales del secuestro y asesinato fueron los integrantes del cártel Guerreros Unidos y policías municipales de Iguala y de Cocula.
Esa es la verdad, está en el expediente.
Raymundo Riva Palacio ha trabajado a fondo el caso y reproducido partes del documento en estas páginas, así como las conversaciones de los jefes criminales interceptadas en Estados Unidos y compartidas con la justicia mexicana.
Tal vez hubo omisión de parte de mandos militares (o autoridades estatales de Guerrero), pero no son secuestradores ni asesinos como se les presenta.
El ex procurador general de la República está preso desde el año pasado bajo la acusación de tortura y desaparición forzada, también sin pruebas.
Algunos miembros de Guerreros Unidos fueron torturados por agentes de la PGR en los interrogatorios, está documentado, pero de ahí a colegir que Murillo ordenó torturarlos hay una gran distancia. Ochenta y dos años de cárcel pide la Fiscalía para Murillo Karam.
Con mayor razón, entonces, tendría que estar en la cárcel el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por la muerte de 40 inmigrantes centro y sudamericanos, quemados vivos en una cárcel irregular en Ciudad Juárez.
Pero no se trata, en ninguno de los casos, de hacer justicia.
Se trata de reforzar, con culpables al parecer fabricados, la narrativa de que en Iguala el asesino “fue el Estado”.
Así se exonera a los criminales, que son parte del complejo lumpen político que opera para Morena en Guerrero.
Son aliados del gobierno federal.
El Cepillo, el Gil, el Chereje, José Luis Abarca, libres por el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Y el coronel más suboficiales y soldados, a la cárcel sin pruebas.
Bueno, con la prueba de los dichos del Gil, es decir, del coordinador del secuestro y asesinato de los 43 normalistas.
Lástima por la justicia. Y lástima por el Ejército, aunque a algunos de sus generales los pongan donde hay negocios.
