ÁLVARO ARAGÓN AYALA.
Rubén Rocha Moya prepara una celada jurídica contra el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y el director jurídico Robespierre Lizárraga Otero. Se trata de un golpe contundente. La Fiscal General de Justicia Sara Bruna Quiñónez Estrada y el Juez de Control Adán Alberto Salazar Gastélum recibieron instrucciones con el propósito de que se “coordinen” para encarcelar a Jesús Madueña Molina y al abogado general de la UAS.
A raíz de la negativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa a aceptar y aplicar la Ley de Educación Superior del Estado por ser violatoria a la autonomía universitaria, el gobierno rochista emprendió una cacería contra el Rector y otros funcionarios universitarios, a quienes les han prefabricado demandas penales por abuso de autoridad y ejercicio indebido de la función pública.
Rubén Rocha justifica las demandas con las versiones plasmadas en reportajes “periodísticos” prefabricados que carecen de validez jurídica para la apertura de carpetas de investigación, con el cuento de que la UAS no se deja auditar, sin embargo, sí es auditada por la Auditoría Superior de la Federación y por los órganos internos de control de Casa Rosalina en el caso de los recursos propios.
Dado que el 14 de julio falló el primer intento imputar al Rector y al asesor jurídico Robespierre Lizárraga Otero el delito de abuso de autoridad debido a que en la Fiscalía no había entregado la carpeta de investigación a los acusados, será en la audiencia del 18 de agosto cuando la Fiscal y el juez Adán Alberto Salazar tratarán con una trampa jurídica cometer la canallada: meter a prisión al Rector y al director jurídico uaseño.
La orden girada por Rocha para la Fiscal y el Juez es “no dejarlos ir”, imputarlos y dictarles la prisión preventiva pese a que el delito que se les prefabricó no es de gravedad y no amerita detención. Previamente, el gobierno estatal montará un impresionante despliegue policiaco y militar para contener la inconformidad de los universitarios. El 14 de Julio el Rector recibió un impresionante apoyo de la comunidad universitaria en las afueras de las oficinas del juez de Control.
Las demandas que pesan contra el rector Jesús Madueña Molina, el abogado general de la UAS, Robespierre Lizárraga, y el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén y su familia, son en sí una clara venganza de Rubén Rocha, quien encolerizó porque judicialmente se le “paralizó” la Ley de Educación Superior del Estado, instrumento con el que tenía preparado crear una Ley Orgánica Externa de la universidad para tomar el control académico, administrativo y financiero de la Casa Rosalina.
