Ernesto Villanueva
La discusión sobre la naturaleza jurídica del Instituto Nacional Electoral (INE) es, en realidad, un falso debate. Nadie ha propuesto que la organización de las elecciones federales y locales regresen a la esfera del Poder Ejecutivo.
Es probable que haya una reforma constitucional en materia electoral. Esa circunstancia ha generado que tirios y troyanos protagonicen un áspero intercambio de afirmaciones y juicios de valor sobre la pertinencia de esa tarea. En este proceso, empero, la verdad de las cosas parece haberse perdido.
Primero. La discusión sobre la naturaleza jurídica del Instituto Nacional Electoral (INE) es, en realidad, un falso debate. Nadie ha propuesto que la organización de las elecciones federales y locales regresen a la esfera del Poder Ejecutivo. Si bien es verdad que, por ejemplo, en Estados Unidos el propio Ejecutivo de cada estado organiza los comicios, también lo es que en México la desconfianza fundada en la imparcialidad del gobierno ha hecho que se haya diseñado un órgano constitucionalmente autónomo, el cual nadie en su sano juicio sugiere que se elimine. La iniciativa presidencial no tiene en ninguno de sus artículos disposición alguna que desaparezca la autonomía constitucional del organismo electoral. Ese sofisma sostiene, con todo, la narrativa de los detractores de la 4T.
Existen, también hay que decirlo, algunos aspectos polémicos en la iniciativa del presidente López Obrador que es improbable que pueda ser aprobada en sus términos. De entrada, resulta cuesta arriba que los consejeros del INE sean designados por el voto popular. Si los consejeros son los que organizan las elecciones ¿quién organizaría las elecciones de quienes tienen la encomienda de llevar a cabo esa labor?
Hay temas que sí requieren una reforma. Es una simulación, por ejemplo, afirmar que los consejeros son personajes impolutos que llegan por sus grandes credenciales profesionales y un manto de imparcialidad a toda prueba. La verdad de las cosas es que se ha lastimado el derecho a la información de la sociedad al presentar a dichos consejeros como independientes, cuando en realidad son impulsados por algún partido con el que se identifica el ungido o ungida y son resultado de las cuotas aceptadas por las demás fuerzas políticas, y si se conoce qué partido propone a x o y para ser un espacio en el consejo general del INE la sociedad tendría la posibilidad de entender cómo se comporta ese integrante.
Segundo. Lo que podría generar consensos mínimos suficientes para que se configure el poder reformador o constituyente permanente y, con lo anterior, traducir en acto una reforma constitucional en el ámbito comentado serían, a mi juicio, los siguientes rubros:
a) Reducir la amplísima estructura del INE mediante la supresión o compactación de áreas, incluyendo ajustar los sueldos existentes a la baja, para lograr aminorar su impacto presupuestal. Ahí está, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, donde el organismo electoral se ha sometido a una cirugía apreciable en su estructura. Una encuesta del propio INE da como resultado que 85 por ciento de los ciudadanos afirmaron que la reducción de la estructura del organismo electoral no afectaría su derecho al voto y “se observa que la percepción de la población sobre el gasto del INE empieza a asociarse con altos salarios y –en menor medida– con algunos conceptos específicos, como asesorías y prestaciones de quienes trabajan en éste”. ( https://acortar.link/sXRLtQ ).
b) Evitar la duplicidad fáctica de varias funciones entre los OPLE u organismos electorales locales con las que tiene el INE, lo que también generaría un uso más eficiente del presupuesto público.
c) La disminución del número de diputados y senadores, tema que la propia encuesta ordenada por el INE afirma que 87 por ciento de los encuestados se manifestó a favor de reducir diputaciones y senadurías. Resultaría inverosímil afirmar que un menor número de legisladores podría afectar que el Congreso de la Unión cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.
d) La reducción del monto de las prerrogativas económicas a los partidos políticos, sobre el cual la encuesta del INE citada sostiene que 72 por ciento de los encuestados piensa que reciben demasiado presupuesto y 96% se pronuncian en pro de que se les reduzcan los recursos que perciben del erario.
Tercero. Lo que está fuera de la agenda de la reforma política, pero sería muy importante incluir, es lo relativo a la cédula de identidad ciudadana. Si bien es verdad que desde 1992 el artículo 97 de la Ley General de Población dispone que la Secretaría de Gobernación debe expedir la Cédula de Identidad Ciudadana, también lo es que esa disposición no se ha materializado en los hechos en virtud de la desconfianza de la sociedad hacia el gobierno.
La credencial para votar del INE se ha convertido en los hechos en el documento de identidad oficial más importante, aunque ese instrumento no fue pensado para un propósito ajeno a lo estrictamente electoral.
En ese contexto valdría la pena reflexionar sobre la idoneidad de que ese documento tenga jurídicamente el carácter de cédula de identidad ciudadana mediante la reforma constitucional y la de leyes secundarias, de modo incluso, como sucede en Perú, que la institución del Registro Civil pase a formar parte de lo que hoy es el Registro Federal de Electores, dándole autonomía y funciones de coordinación con el INE, pero no de subordinación como sucede hoy en día. De esta suerte, constituiría un remedio idóneo para que, de manera enunciativa: a) se fortalezca el derecho a la identidad desde la infancia, b) se mejore y homologue el registro de los distintos actos de la vida civil de las personas (nacimientos, matrimonios, defunciones, etcétera) bajo una misma metodología, c) se minimice el robo de identidad al evitar, por ejemplo, que una persona utilice la identidad de una persona fallecida, d) se contribuya a mejorar la fiabilidad de los datos del padrón electoral con ajustes en tiempo real, d) se evite que una persona contraiga matrimonio más de una vez al mismo tiempo, e) se reduce la comisión de ilícitos al registrar nacimientos de extranjeros como si fueran mexicanos o de mexicanos con dos o más actas de nacimiento en distintos estados de la República. En fin, mucho ayudaría a la certeza jurídica de la población.
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