Alvaro Aragón Ayala.
Con la difusión de una encuesta levantada ¡en septiembre del 2022!, la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública reveló que posee la radiografía social del narcotráfico y de la imposición de la Pax Narca en Sinaloa y sus impactos o secuelas en la comunidad, y, de paso, desnudó el estado comatoso del organismo que no ha propuesto el ejercicio de políticas públicas para contrarrestar los efectos del fenómeno delictivo.
Pese a que en teoría el Consejo es “la voz que legal y legítimamente representa a la ciudadanía en materia de seguridad” y entre cuyas funciones destaca la de evaluar, proponer y dar seguimiento a las políticas de seguridad pública y justicia, la sociedad percibe que el CESP es una institución indolente que no propone nada y que se encerró en posicionamientos, manifiestos y en encuestas para ofrecer la percepción de que está cumpliendo con sus funciones.
Desde septiembre del 2022, el CESP posee la encuesta Percibe (Volumen 2), la cual reportó importantes hallazgos sobre temas de narcotráfico, sondeo que no fue usado como indicador para proponer políticas públicas en materia de seguridad. El Coordinador General del CESP, Miguel Calderón Quevedo, reconoció que “el narcotráfico es una realidad evidente dentro del estado, que por mucho tiempo se ha preferido ignorar, pese a los hechos de violencia que desatan estas actividades del crimen organizado desde hace décadas”.
Obvio. En la línea de ignorar el narco y su poder se localiza a la propia Coordinación Estatal del CESP que en el juego tradicional de lavado de manos pretende crear la idea entre los sinaloenses de que sí cumple con su función tan solo porque publicó la encuesta Percibe de septiembre del 2022 como si se tratara del descubrimiento del hilo negro.
Estos son algunos de los principales hallazgos de la encuesta Percibe:
1.-El 43 por ciento de los habitantes de las tres principales ciudades de la entidad sostienen que la presencia del narcotráfico afecta Bastante o Mucho la calidad de vida de la gente.
2.- El 10 por ciento del promedio estatal considera que no afecta nada.
3.- El 64 por ciento de sinaloenses percibe la presencia de Crimen Organizado de manera Bastante Fuerte y Notoria.
4.- El 83 por ciento considera que el narcotráfico tiene una influencia en los jóvenes, principalmente por el consumo de drogas que es un problema de salud y de seguridad en la entidad.
5.- El 48 por ciento de los encuestados en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán indicaron no sentirse protegidos por el narco. En el caso de la capital de Sinaloa, solamente, el 54 por ciento de los culiacanenses consideró que la ciudad está protegida por el crimen organizado.
La encuesta de septiembre del 2022 no incluye la impresión que tiene la sociedad sinaloense de las corporaciones policiacas, del ejército mexicano ni de la Guardia Nacional; en su interpretación sale a la luz el empoderamiento del narco, el acuerdo soterrado para imponer la Pax Narca, dando por sentado un vacío de autoridad, la corrupción de los cuerpos de seguridad en el estado y la ausencia de políticas públicas para minar los efectos del narcotráfico.
La Coordinación General del CESP no propone nada al gobierno estatal, ni a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública ni a los alcaldes, pero si detalla, como si descubriera el hilo negro, “la realidad que se vive en Sinaloa con relación al tema entre lo que se destaca que el narcotráfico es un problema que ha dejado muchas secuelas en el estado, principalmente la generación de violencia que deja un efecto negativo en la calidad de vida de los sinaloenses”.
